Acaba de pasarme algo muy curioso en el trabajo. Un paciente llega a buscar su medicación y mientras se la preparo me comenta si sé algo de eso que se habla de que van a empezar a cobrar las medicinas. Un temor muy extendido entre la gente mayor. Su primera respuesta a esa pregunta (es de los típicos que dirigen las conversaciones sin dar tiempo a que la otra parte intervenga, y cuando se interviene, pues ni tan siquiera escucha… muy habitual, también) fue que si eso pasa, él dejaría de ir al médico y se moriría. Su segunda respuesta fue la que me causó estupor (la primera es muy típica también, así que ya estoy insensibilizado a este tipo de tonterías, pues en el 90% de las veces, sólo lo dicen como “extra” en la conversación para dar pena y que así la otra parte se sienta “obligado” a darles la razón en todo), pues para él la culpa de todo la tenían las pensiones contributivas. Si las eliminasen se arreglaría todo el problema.
Es decir… una persona que trabaja durante toda su vida e invierte una parte de los frutos de ese trabajo en un plan de pensiones (obligado, es cierto, pero plan de pensiones al fin y al cabo), no tiene derecho a cobrar ese dinero. Mientras que otra persona que no ha invertido nada en ese plan de pensiones (no digo que no ha trabajado, sino que todos sus trabajos fueron siempre “apaños” fuera de los cauces legales para así cobrar más y no tener que pagar nunca nada al Estado; como es precisamente el caso de este “homiño”) tiene los derechos añadidos del primero más los suyos propios.
Y lo peor no lo encontramos en la estupidez que acaba de decir ese señor. Sino en que lo dice totalmente convencido de que eso sería lo mejor para todos. Pues los que no tienen nada porque nunca invirtieron en nada tienen el “derecho” de que la sociedad les pague por todo. Mientras que los que tienen algo porque en su momento invirtieron con vistas al futuro, no tienen ningún derecho porque son unos criminales-explotadores-acaparadores-especuladores-diabólicos-infernales… o incluso más.
Se ha educado a la sociedad para que odie a todo aquel que trabaja por su propio beneficio. Se la ha educado en las “virtudes” de la caridad y la solidaridad… pero unas virtudes que nacen del Estado, no de la persona. Un individuo que sea caritativo y solidario es un criminal en sí mismo… el único que puede serlo es el Estado, que se encarga de repartir “justicia social”, quitándoles a los ricos y dándoselo a los pobres. Si el individuo quiere ser solidario, pues perfecto… pero sólo después de que haya dado “voluntariamente” al Estado su aportación correspondiente.
La sociedad tiene la creencia de que el individualismo es malo. Tiene la convicción de que la palabra justicia significa que los de abajo han sido “castigados” por los de arriba y por lo tanto es su obligación el “pagar”.
Así que plantearé la pregunta de otra forma, para ver es “justo” o no.
Una persona ha trabajado durante toda su vida, ahorrando un dinero para cuando ya no pueda trabajar. El día que no puede trabajar va a recuperar ese dinero y un tercero le dice que no, que en realidad ese dinero tiene que dárselo a su vecino… ese que vivió bien durante toda su vida y jamás ahorró nada, porque sino el pobre se morirá de hambre y frío. ¿Es justo?
Yo no lo veo demasiado “justo” que digamos.
La fábula de la cigarra y la hormiga llega hasta nuestros días, totalmente pervertida y distorsionada. En el caso de la versión original (atribuida a Esopo) el final de la historia está en que la hormiga se apiada de la cigarra y le da un par de granos de arroz mientras le advierte que todo tiene consecuencias y que hay que ser previsor. En la versión de La Fontaine, la historia es más cruda y así como la hormiga sobrevive gracias a su trabajo y previsión, la cigarra muere a causa de su falta en ambos puntos:
Que faisiez-vous au temps chaud ? ¿Qué hacías durante el verano? Dit-elle à cette emprunteuse. le preguntó a la pedigüeña - Nuit et jour à tout venant -Día y noche a quien me encontraba, Je chantais, ne vous déplaise. le cantaba, no te disgustes - Vous chantiez ? j'en suis fort aise. -¿Le cantabas? Me alegro, Eh bien! dansez maintenant. pues bien, ¡baila ahora!
En nuestros días el final es muy distinto:
Se encuentra la hormiga disfrutando de un momento de tranquilidad. Se acaba de preparar un buen tazón de leche caliente y se acurruca junto al hermoso fuego que da la chimenea preparándose para leer un buen libro y así descansar y disfrutar de las tan merecidas vacaciones invernales. A lo lejos, sufriendo las inclemencias del duro invierno, la cigarra maldice su suerte, pues no tiene nada que le proteja del frío, ni tampoco un mísero grano de arroz que llevarse a la boca.
Pero su suerte está a punto de cambiar.
La hormiga, que ya había encontrado la posición óptima en el sofá y disfrutaba de su lectura sufre un sobresalto cuando el timbre empieza a sonar. “Es la cigarra” piensa, “seguro que ahora viene a pedirme ayuda”. Se acerca hacia la puerta mientras en su cabecita analiza si debería ayudarla o no, pues si la ayuda, no aprenderá la lección, pero si la deja a su suerte, lo más seguro es que muera, y entonces no habrá servido de nada. La hormiga abre la puerta y mira hacia afuera, pero no ve a la cigarra, en su lugar ve un papel extendido. “Notificación de Embargo” dice el papel. La hormiga no entiende a qué viene eso, así que dirige la vista hacia quién porta dicho papel. Una mantis la mira y le dice:
—Por orden del rey de los insectos, se te comunica que has perdido la casa y todo cuanto hay dentro. Se te ha encontrado culpable del delito de “trabajar para tu propio beneficio”. La sentencia es la expropiación de todos tus bienes, la mitad irán para la cigarra, parte agraviada en el conflicto, y la otra mitad para los gastos del proceso y de la burocracia asociada. También se te comunica que a partir de ahora todo lo que trabajes tiene que ser declarado ante el Rey y habrás de entregarle una parte proporcional, la cual será repartida de forma “justa” y “equitativa” entre las cigarras del reino.
La hormiga lo primero que piensa es que es todo una broma. Lo segundo que piensa es en cerrarles la puerta en las narices a la mantis y su papel… pero entonces ve que la mantis viene acompañada por dos avispas que la miran con desprecio mientras pulen los aguijones. Lo tercero que piensa es “este es el mundo al revés”.
Más o menos así quedaría el final de la historia en la actualidad. La gente tiene la “obligación” de ser solidarios, tanto si quieren como si no.
Como decía el paciente de esta mañana… que se eliminen las pensiones contributivas y todo se arregla.
Que paguen los que han ahorrado y le den ese dinero a los que han dilapidado.
Y luego aún habrá gente que diga que esto es “Justicia”…
Para terminar me gustaría dejar un video que tal vez explique un poco más el asunto. Está en inglés, pero se le pueden acoplar los subtítulos en castellano en el botón cc abajo a la derecha:
David Cameron ya es primer ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y llevo varios días bastante british, la actualidad mandaba. Habrá que ver qué pacto ha firmado con Nick Clegg pero, de momento, dejar reposar el asunto.
Ahora lo importante es nuestro país, España, y lo que tenemos encima. Zapatero, ayer, nos dio una dosis de realidad en el Congreso de los Diputados. Este hombre nos va a hacer responsables a la fuerza y terminará haciendo fosfatina algunos de los mitos construidos por la izquierda socialdemócrata y la derecha socialista. Ha tenido que llegar al Gobierno alguien de su suma incompetencia para que algunos vean la luz.
Señores, no seamos demagogos. En nuestro país, o hay recortes o vamos al abismo griego, a que nos rescaten y a que tengamos que ceder casi toda nuestra soberanía a otro país (como Grecia con Alemania) o a la Unión Europea (más de la que ya de por sí tenemos cedida). Algo bueno debía tener esta institución y la presidencia de turno que llevamos. Por primera vez, nuestro derrochón se ha visto fiscalizado y puesto bajo lupa en su proceder. Y no sólo bajo la de Europa. El propio Barack Hussein Obama, presidente de los Estados Unidos de América, se ha mostrado muy preocupado por la situación de España y las repercusiones de la misma a la UE y le ha enviado, desde la Casa Blanca, un rapapolvo a nuestro iluminado particular, instándole a frenar el derroche de dinero público, cerrar el agujero en las cuentas del Estado y aprobar un plan de recortes en el Estado del Bienestar para evitar la suspensión de pagos del país y su posterior rescate.
Entre otras medidas, Zapatero ha anunciado, y eso que ya estábamos en fase de "recuperación", la reducción de un 5% en el sueldo a los funcionarios, congelación de las pensiones y bajada de las transferencias a las Comunidades Autónomas, medicamentos más caros y fin del cheque bebé o reducción de más de 6.000 millones en inversión pública. . Ha estado bien la reducción de ayudas a dictadorzuelos y caudillos sinvergüenzas y corruptos del Tercer Mundo pero, aún así, es corta. Deberían cortarse de raíz. Los 600 millones de euros de la "Ayuda al Desarrollo" que prevé ahorrar el Gobierno no suponen ni el 20% del total anual. De hecho, sin subvenciones y ayudas a dictadores bananeros y colectivos como los homosexuales de Zimbabue, el Estado se ahorraría 30.000 millones de euros de una sola tacada. Millones de euros que permitirían el no tener que cargarlos sobre nuestras espaldas en forma de IRPF, IVA, impuestos especiales (gasolina, alcohol, tabaco...) o Impuesto de Sociedades. Pero es que, con Zapatero, tener que financiar a ciertos colectivos es algo similar a la cruz con la que hubo de cargar Jesucristo Nuestro Señor, camino del Gólgota, para redimirnos de nuestros pecados, de eso no nos libraremos hasta mandarlo al paro en las urnas.
Y no sólo debieran eliminarse las partidas destinadas a esto. De paso, eliminar ministerios inútiles y absurdos como el de la Sra. Aído, suprimir altos cargos y dejar de subvencionar a artistas y miembros de la farándula, a colectivos del lobby gay y feminista radical, a nacionalistas separatistas y a sindicatos despreocupados de la situación de paro de tanta gente.
No ha faltado cierta demagogia al tratamiento de la noticia, por otro lado, en Libertad Digital, hay que decirlo, así como por parte de la oposición. Esto no cambia de la noche a la mañana sólo con sustituir a ZP por Rajoy. Posiblemente, con un hipotético gobierno de Don Mariano estaríamos puede que sólo un poco mejor, sus ministros no serían tan inéptos como los de Zapatero e incluso alguno de ellos no tendría como principal preocupación el supuesto "sexismo" de algunos cuentos infantiles. Pero la derecha socialista de este país tiene también su cuota de culpa en la situación a la que hemos llegado. Para una vez que quienes nos mandan hacen algo bien, aunque sea muy poquito, es probable que Rajoy y los suyos a lo que se dediquen sea a tratar de desgastarlos de cara a su interés electoral. El liberalismo no es el culpable de la crisis económica que sufrimos, puesto que aquí nunca se ha aplicado. El propio Aznar es liberal AHORA, años después de abandonar el gobierno. La derecha política española nunca ha sido liberal (o "neoliberal", como gusta decir a nuestros progres, el "neo" que no falte).
La ineptitud y mendacidad del Gobierno de Zapatero es clara como el agua pero también es cierto que nunca hemos llegado a ser totalmente conscientes de esta falacia que supone el llamado "Estado del Bienestar": el robo y el latrocinio legalizado de una parte de los frutos de nuestro trabajo para que el Estado le dé el fin que le venga en gana y para que, después de jubilarnos, nos arroje las migajas y las sobras de lo que, previamente, nos ha sisado. El Estado debería garantizar unas prestaciones mínimas para situaciones de necesidad, pero el sistema de Estado del Bienestar, aparte de ruinoso, es una auténtica y soberana mentira. Es la forma en que el planificador estatal decide cómo nos va a devolver una pequeña parte del gran todo que nos expolia.
Desmantelarlo de golpe sería también un desastre, habiendo creado tantos dependientes de él, pero no hay que olvidar, aunque se reconozca el buen hacer de los gobiernos de Aznar en materia económica, que saneó el desastre de las cuentas públicas que dejaron los últimos de González (entre otras cosas volvieron a dejar con suparavit el sistema de Seguridad Social), el que, involuntariamente, quizás, a la vez, cebaron el Estado de Bienestar, alimentaron a ese monstruo que incauta una parte sustancial de nuestra riqueza a cambio de las migajas del pastel. Pese a tener un gobierno de derecha, la gente olvidó muy pronto los tiempos en que el inefable Pedro Solbes, allá por 1995, aconsejaba a los españoles que suscribieran un plan privado de pensiones ante la inminente quiebra de la Seguridad Social, a la que, sin duda, nos llevaba Felipe González, y volvió a sumirse en el sueño socialista, una droga que narcotiza muy fácilmente (y, en España, con suma facilidad), de que el Estado les iba a hacer eternamente felices.
La fiesta se acabó hace tiempo y a cada uno nos toca vivir según nuestra posibilidades. Ni un euro por encima de lo que cada cual podamos gastarnos.
La relación de medidas anunciadas por Zapatero es la siguiente:
- Reducción de las retribuciones del personal del sector público en un 5 por ciento de media en 2010 y congelarlas en 2011. La rebaja será proporcional a los ingresos.
- Reducción en un 15 por ciento del sueldo de los miembros del Gobierno.
- Se suspende para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las mínimas.
- Eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la ley 40/2007.
- Eliminación del "cheque-bebé" de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011.
- Adecuación del número de unidades de los envases de medicamentos para ajustarlo a la duración estandarizada de los tratamientos. Se podrán dispensar unidosis mediante el fraccionamiento de los envases.
- Reducción del precio de aquellos medicamentos no genéricos excluidos del sistema de precios de referencia.
- La ayuda oficial al desarrollo se reducirá entre 2010 y 2011 en 600 millones de euros.- Se prevé una reducción de 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011 en la inversión pública estatal.
- Previsión de un ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las Comunidades Autónomas y entidades locales.
- Las solicitudes para dependencia tendrán que resolverse en seis meses y se eliminará la retroactividad.
Todas estas medidas serán aprobadas el próximo viernes por el Consejo de ministros para su entrada en vigor inmediata. . .
A vueltas con la cuestión de las pensiones, como todos sabemos, la Seguridad Social se basa en un sistema de reparto mediante el cual las cotizaciones de quienes trabajan actualmente financian las de los jubilados actuales. Es un sistema piramidal (Madoff lo estudió bastante bien antes de perpetrar su estafa) que depende del número de cotizantes para mantener sus prestaciones y en el cual en el momento en que estos se reduzcan, como está ocurriendo debido al progresivo envejecimiento de la población, habrá que incrementar las cotizaciones que han de pagar los trabajadores o a reducir las pensiones que perciben los pensionistas. Es un sistema en el cual los trabajadores jubilados viven en una inseguridad permanente sin saber si cobrarán una pensión para poder subsistir de una manera mínimamente digna (¡viva el "Estado del Bienestar"!).
Podemos indignarnos con el "pensionazo" del Gobierno de Zapatero, justificado mediante la excusa, entre otras peregrinas y ridículas, de la mayor esperanza de vida de la población española en los últimos años pero la auténtica realidad es que el sistema está tarado en su origen. Recientemente, Zapatero decía en el Congreso que los defensores de las pensiones privadas tenían un serio problema tras el estallido de la crisis y el pinchazo de la bolsa. Lógicamente, no podemos esperar más que esa pobre verborrea socialista de parte del presidente del gobierno progre que padecemos. Cada uno da el nivel que da y este hombre mentalmente no llega a más. Muchos economistas (algunos integrados en los círculos de Zapatero tras dar un giro de 180º en sus planteamientos) habían venido años advirtiendo del riesgo de desmoronamiento del sistema.
Como dije en una entrada anterior, desde Felipe González hasta llegar a Zapatero, una cantinela recurrente del PSOE ha sido la amenaza de que un gobierno del PP iba no sólo a rebajar sino, es más, a desmantelar el sistema público de pensiones. Mentían descaradamente, como es costumbre en estos dos personajes, Felipe y José Luis (la famosa carta firmada por López Aguilar y por él), pero no hubiera estado mal y que por una vez hubieran dicho la verdad. La realidad es que la posición del Partido Popular es la misma que la del PSOE en esta cuestión y así quedó consagrado en el Pacto de Toledo en 1995. Quizás no hubiera estado mal que los socialistas tuvieran razón y que los populares se hubieran planteado, aunque sólo fuera por un momento, la posibilidad de estudiar la implantación de algo parecido al modelo chileno de pensiones (si no les da vergüenza la posibilidad de que el PSOE ponga en marcha toda su maquinaria de propaganda demagógica acusándoles de querer adoptar un sistema creado por el régimen de Pinochet en 1981), introduciendo paso a paso un sistema de capitalización, con posibilidad de elegir entre un fondo público de pensiones y los privados existentes en el mercado, en el que el patrimonio de los trabajadores cotizantes crecería continuamente hasta el momento en que decidieran jubilarse, sin despojar de sus derechos ya devengados a los pensionistas, lógicamente, los cuales se asegurarían con cargo a los presupuestos del Estado. Los trabajadores que se incorporasen al mercado laboral por primera vez, de este modo, tendrían la posibilidad de librarse de las garras de esta maquinaria de expolio piramidal.
Puede que entonces hubiera un poco de seguridad y, lo más importante, social. Es bastante descorazonador que el PP, un partido político con un ideario supuestamente, aunque sólo sea en parte, liberal, no lleve en su agenda el dar a los ciudadanos la posibilidad de tener la libertad de elegir el sistema de previsión social que les sea más rentable y provechoso sino que, en lugar de ello, pretenda tenernos atados a la fuerza a un modelo calcado a una estafa piramidal. Del PSOE no se espera nada más que populismo y no cambiarán ni un renglón. Total, ellos no serán los que se quedarán en el futuro con una pensión irrisoria sino con una de 90.000 euros anuales después de unos pocos años "haciéndonos felices", puesto que, para mantener su nivel de vida (lujoso y costoso), siempre habrá sobras de las que rapiñar.
Que trabajador y empresario acuerden ambos libremente una jornada laboral de hasta un máximo de 65 horas semanales no es lícito, como dejó sentado el Parlamento Europeo en diciembre de 2008, pese a la aprobación de todos los ministros de Trabajo salvo (cómo no) el de España. Es cierto que no sólo fue el grupo socialista sino que a ello se sumó con entusiasmo el popular. Tal para cual: si yo quiero trabajar no 65, sino 70 u 80 horas semanales, ganar un alto sueldo por esas horas y cotizar más ¿Quién es un burócrata planificador para ponerle vallas al campo y no permitirmelo? En un contrato dos partes deciden y nadie puede ponerle restricciones a una de esas dos partes sobre lo que quiere ofrecer a la otra. Y es un craso error pensar que la empresa entonces obligaría al trabajador puesto que el mercado de trabajo se rige, como todos por la oferta y la demanda. Ninguna empresa puede obligar a un trabajador a nada.
Pero, dejando aparte estas consideraciones, en cambio, obligarte a trabajar hasta los 67 años sí que es lícito. Y reducir la prestación que vas a percibir después de tu jubilación, derecho que te has ganado por las cantidades que, en forma de cotización a la Seguridad Social, han detraido de tu salario para que el Estado pueda pagar las pensiones actuales, es igualmente lícito. Con estos "defensores del trabajador" no hacen falta enemigos.
En ello consiste, básicamente, lo aprobado este viernes en el Consejo de Ministros del gobierno progre que padecemos. En primer lugar, se trata de retrasar la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años de forma progresiva a partir de 2013 hasta el año 2025. En segundo, según el texto aprobado, que "el cálculo de la pensión debe realizarse sobre los periodos de cotización real, sin que el procedimiento pueda añadir o restar sin justificación periodos o bases de cálculo". Más claramente, que el cálculo de la pensión a percibir se realice sobre toda la vida laboral, en lugar de los actuales 15 años, lo que, según los expertos, podría reducir la prestación hasta en un 30% de media. Por si no fuera suficiente con la brutal subida fiscal provocada por el fin de la deducción de los 400 euros.
¿Recuerdan la demagogia que, recurrentemente, lanzaba en su día Felipe González y, más recientemente, Zapatero sobre la intención del PP de rebajar las pensiones? Antes de las últimas Elecciones Europeas, por ejemplo, mediante una carta firmada por el candidato socialista Juan Fernando López Aguilar y el propio Zapatero.
La ineptitud y mendacidad del Gobierno de Zapatero es clara como el agua pero también es cierto que nunca hemos llegado a ser totalmente conscientes de esta falacia que supone el llamado "Estado del Bienestar": el robo y el latrocinio legalizado de una parte de los frutos de nuestro trabajo para que el Estado le dé el fin que le venga en gana y para que, después de jubilarnos, nos arroje las migajas y las sobras de lo que, previamente, nos ha sisado. El Estado debería garantizar, en virtud de su obligación de salvaguarda de la vida y la libertad de los ciudadanos, unas prestaciones mínimas para situaciones de necesidad pero el sistema de Estado del Bienestar, aparte de ruinoso, es una auténtica y soberana mentira. Es la forma en que el planificador estatal decide cómo nos va a devolver una pequeña parte del gran todo que nos expolia.
El sistema público de pensiones es un latrocinio oficial que justifica sobradamente la necesidad de destruir el llamado Estado del bienestar. La culpa la tienen, en primer lugar, los beneficiarios del sistema, que a estas alturas siguen siendo incapaces de exigir a los políticos el derecho a manejar sus propias finanzas para utilizar el dinero aportado durante su vida laboral en la forma que estimen oportuno una vez alcanzada la edad de jubilación.
No se dan cuenta de que el Estado les roba y que, cuando ya no son útiles para la actividad productiva, les sigue manipulando con abundantes dosis de demagogia en función de los cálculos electorales del partido en el poder.
El Gobierno no concede ninguna pensión. Por el contrario, lo que hace es robar la mayor parte de lo acumulado por el beneficiario a lo largo de su vida para dejarle unas migajas que, encima, raciona a su antojo decidiendo a qué edad puede o no dejar de trabajar y cuánto debe percibir hasta su muerte.
Sólo hay que hacer unos cálculos sencillos para percibir las dimensiones del desfalco. Considerando una pequeña aportación mensual de 80 euros a la Seguridad Social, una persona que haya trabajado toda su vida, por modesto que haya sido su empleo, ha acumulado a los sesenta y cinco años del orden de cuatrocientos mil euros (a un interés compuesto del 5%, descontada la inflación, que es también una tasa más que razonable en una inversión a largo plazo). Ese capital acumulado le permitiría cobrar una pensión de mil quinientos euros hasta los noventa años, y eso en caso de que no quisiera rescatar el total del dinero ahorrado. Pues bien, la inmensa mayoría de los trabajadores jubilados perciben menos de la mitad de ese dinero y, además, tienen que vivir con la zozobra constante de no saber qué van a cobrar al año siguiente o si va a haber dinero suficiente en la caja del Estado para pagarles esa miseria.
El llamado Estado del bienestar es una estafa monumental y el sistema público de pensiones el mecanismo más injusto e insolidario que jamás ha concebido el ser humano. Por eso hay que criticar a Corbacho y enviar a este Gobierno al lugar que recomendó en su día el secretario general de la UGT madrileña, pero sin olvidar que el verdadero enemigo de los jubilados es el actual sistema de previsión social. Y si preferimos seguir concediendo a los políticos el poder de decidir sobre nuestra ancianidad, entonces no nos quejemos. A trabajar hasta los ochenta años para el Gobierno y punto en boca.
Pablo Molina es miembro del Instituto Juan de Mariana. . .
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