Lecciones que aprender

Como se preveía, las elecciones del jueves en el Reino Unido han supuesto un vuelco nunca visto en décadas, con la victoria del Partido Conservador de David Cameron, obteniendo 306 escaños de los 650 de la Cámara de los Comunes, y el hundimiento de los laboristas, pero no han despejado, justo cuando era más necesario, las incertidumbres sobre el futuro en las islas británicas. Ni se conoce quién va a ocupar el cargo de primer ministro ni qué políticas va a seguir, sobre todo, estando ahí Nick Clegg, pese al bluff que ha resultado ser, obteniendo 57 escaños, sí que es verdad, en parte, debido al sistema electoral británico, diseñado para buscar las mayorías absolutas.

Los tories han vuelto a ser la fuerza más votada del país, algo que no ocurría desde las elecciones de 1992, pero la victoria puede ser insuficiente para volver a ocupar el 10 de Downing Street. El Partido Laborista del primer ministro, Gordon Brown se ha quedado en 258 escaños. Y eso, a pesar de ser uno de los políticos más impopulares de la larga y añeja historia democrática de la Gran Bretaña, alguien a quien incluso se le grabó insultando a una viuda. Además de ser amigo de Zapatero, con lo que eso supone, por otro lado.

El resultado será un hung Parliament (un Parlamento colgado, sin mayoría absoluta), algo que no ocurría desde 1974. La Cámara de los Comunes británica (cámara baja del Parlamento) está formada por 650 diputados (533 ingleses, 59 escoceses, 40 galeses y 18 norirlandeses), pero en una de las circunscripciones, Thirsk and Malton, en el norte de Inglaterra, la elección se celebrará el 27 de mayo por la muerte de uno de los candidatos.

Con una alta participación, que superó el 64 por ciento, las urnas dejaron en el aire el futuro político del Reino Unido, porque el primer ministro tiene la prerrogativa legal de intentar formar un Gobierno y porque los tories no han logrado superar los 326 escaños necesarios para gobernar en solitario, ni una cifra cercana a los 320 que les hubiera permitido hacerlo en minoría con el apoyo de otras fuerzas, como los unionistas de Irlanda del Norte. Por esta razón, la aritmética parlamentaria dejó la puerta abierta a que los laboristas de Brown busquen una mayoría en el Parlamento, lo que supone negociar con el Partido Liberal Demócrata.

En resumen, todo esto nos lleva a que Cameron no ha conseguido endosarle a Gordon Brown la derrota que, sin duda merecía, después de una nefasta gestión durante la cual ha quebrado todo el sistema bancario inglés, se ha disparado el déficit público por encima del 10% y la economía se ha estancado. La situación en el Reino Unido no difiere mucho de la que dejaron los laboristas en 1979 y los ingleses lo saben. El gobierno laborista de James Callaghan llevó al país a un estado de bancarrota virtual en 1976, cuando un colapso en el valor de la divisa obligó al gobierno a negociar un préstamo con el FMI, una cosa inaudita en un país desarrollado. Hoy día, los británicos padecen el mayor déficit del Primer Mundo, su deuda es mayor que la griega, recuerdo haber leído que, en cinco años, podría superar el billón de libras, y necesitan medidas impopulares (las que, desde el socialismo, se llaman "recortes sociales") pero necesarias si no se quiere ir de cabeza a un abismo aún mayor, las medidas de Thatcher.

Precisamente, la tibieza de Cameron es lo que le ha hecho dilapidar toda la ventaja que tenía. No parece haberse dado cuenta de que cuando más "thatcherista" ha sido su discurso más se han incrementado sus expectativas. La gente conservadora es muy rigurosa y percibe cuando sus candidatos reculan y caen en los clichés del socialismo. Inglaterra y la parte protestante del Ulster siguen siendo thatcheristas; en todo caso, la Dama de Hierro, durante su mandato, donde fue altamente impopular fue en Escocia y Gales. El Reino Unido es la unión de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, pero el tronco del cual brotan todas sus ramas sigue siendo Inglaterra, no debería olvidarlo Cameron. E Inglaterra ha dejado claro que no quiere más Brown ni más socialismo laborista. Puede que Cameron no le convenza del todo pero tiene muy claro el camino por el que no se puede seguir.

No se trata de desmantelar de golpe el Estado del Bienestar, en todo caso, ir dando pasos para hacerlo más racional, como Thatcher en su primera legislatura. Si se suprimiera de golpe sería una catástrofe precisamente por el descomunal tamaño que ha adquirido el Estado-niñera y el empobrecimiento y gente dependiente de él que ha creado. Aquí en España sucedería algo similar. Esto no es darwinismo social como defienden los libertarios y los ancap pero lo que está claro es que con políticas de derroche insostenible como las de Gordon Brown o las de José Luis Rodríguez Zapatero no habrá ni que esperar a un hipotético "desmantelamiento" del Estado de Bienestar por parte de la derecha: ellos mismos, los socialistas, se lo van a fundir mediante la ruina que van a generar.

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En cuanto al futuro, veremos. Clegg se definirá como "liberal" pero en Inglaterra los verdaderos liberales son los tories. Los liberal-demócratas no son más que el típico partido de nueva izquierda de corte obamita, obsesionada por incrementar los impuestos a "los ricos", lo que ellos definen por "ricos" y por seguir expandiendo el Estado del Bienestar. Atarán las manos de Cameron, de llegar éste a primer ministro, todo lo que puedan a la hora de acometer las reformas que precisa con urgencia el Reino Unido en materia de reducción del gasto público y equilibrio de las cuentas.

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En todo caso, aviso a navegantes para los liberal-conservadores de otros países.
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Una Gloriosa Revolución

No fue la Revolución Francesa la gran revolución liberal europea, en absoluto, pese a numerosísimos tópicos existentes motivados por el desconocimiento de la historia. Contemporáneos de este acontecimiento histórico como Edmund Burke, parlamentario whig británico-irlandés, contemplaron con sumo horror la sucesión de hechos que se produjeron en Francia. Alexis de Tocqueville llegó a afirmar que "en el Antiguo Régimen reinaba más libertad que en nuestros días". Fue un proceso violento, sangriento por momentos, en el cual se intentó hacer tabla rasa con todas las cosas que olieran a pertenecientes al Antiguo Régimen, fueran buenas o malas (y Francia era, precisamente, en 1789, antes de la revolución, una de las naciones más poderosas del mundo) y edificar sobre ese solar una nueva sociedad. ¿Nos suena eso a algo?

Los grandes totalitarismos del siglo XX aprendieron mucho de la Revolución Francesa y rescataron sabiamente para sus intereses lo peor de lo peor de la misma: "un comité central llegaría a asumir todos los poderes, se crearon tribunales revolucionarios políticos, se instauró un control absoluto sobre la población mediante unos comités municipales de vigilancia asistidos por guardias de secciones repartidos por todo el país, se suspendieron todo tipo de garantías procesales, se cometieron crímenes de Estado, se aprobó una ley de sospechosos para perseguir a los ideológicamente contrarios a la revolución que permitió asesinar legalmente a millares de personas con la "igualitaria" guillotina, llevar a cabo encarcelamientos preventivos masivos y deportaciones a ultramar. Se perpetró también un genocidio ("populicidio" lo llamarían entonces) en la región de La Vendée aún negado hoy por muchos historiadores" (Francisco Moreno, "Los inventos del "absolutismo asambleario" durante la Revolución francesa", liberalismo.org).

No es de extrañar que muchos totalitarios actuales sientan verdadera fruición por la Revolución Francesa e, incluso, por la época del imperio napoleónico, afirmando que la invasión de España por las tropas de Bonaparte y la colocación de un rey títere fue obra de "gentes ilustradas, liberales en el sentido más noble de la palabra, partidarios de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, seguidores de la Revolución francesa y deseosos de que España dejara de estar sometida a reyes absolutistas, a tiranos y a gobernantes indignos". Mientras, el alzamiento del pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808 contra el invasor francés habría sido "patrioterismo de “campana y de cañón”" propio del "populacho de la época y de la nobleza más reaccionaria". Guste o no guste a estos "afrancesados", por suerte, aquel día demostramos a Napoleón cómo somos los españoles y comenzamos a evitar, como, finalmente, conseguimos, que toda la basura que se nos intentaba imponer desde Francia penetrara en nuestro país. Lástima, después, lo de aquel rey felón llamado Fernando VII, que traicionó el sacrificio y el esfuerzo de su propio pueblo.

Pero bien, ya me he ido demasiado por las ramas. En resumen, la Revolución Francesa no debe ser referente para nadie que ame la libertad (salvo para algún "liberal" despistado). Los revolucionarios galos solo sustituyeron el poder absoluto del monarca por el del Estado. No limitaron el poder ampliando la libertad del individuo (quien pasó de una servidumbre a otra), sino que lo único que hicieron fue cambiarlo de manos.

Gran diferencia con los revolucionarios americanos. Estos siempre recelaron del poder e intentaron desde el principio limitarlo. Realmente, lo de Norteamérica a finales del siglo XVIII no fue una revolución propiamente dicha. Fue una guerra. Una guerra justa, por otro lado, para restaurar unos valores ingleses. Unos valores que la propia Inglaterra había traicionado.

Los valores de la conocida como Gloriosa Revolución de 1688. Aquella que, de verdad, puso fin, por primera vez y de manera definitiva, en un país europeo al absolutismo y al poder arbitrario del monarca, obligándole a respetar la separación de poderes. Tras ella, en Inglaterra comenzó a funcionar el parlamentarismo, asegurándose la participación de los súbditos en el gobierno del Estado a través del Parlamento. Fue el triunfo de las ideas de John Locke, el padre del liberalismo, proscritas hasta entonces.

Para Locke existían una serie de derechos que pertenecen a los individuos desde antes de la creación de gobierno alguno: la vida, la libertad, la propiedad y la búsqueda de la felicidad.

La limitación del poder político era vista por él como una garantía de la libertad individual. Así lo expone Locke en el "Primer Tratado sobre el Gobierno Civil", en el que destruye la teoría del derecho divino de los reyes, así como en el Segundo, donde propone la restricción de las llamadas prerrogativas del rey, precisamente, tomando conciencia de la naturaleza humana de los monarca: "Por tanto es evidente que la monarquía absoluta, que para algunos hombres es considerada como el único gobierno en el mundo, es de hecho inconsistente con la sociedad civil. Pero yo deseo que éstos que hacen estas objeciones recuerden que los monarcas son sólo hombres. Es como si los hombres al abandonar el estado de naturaleza, acordaran que todos ellos excepto uno deban estar bajo la restricción de la ley; pero que él debería retener toda la libertad del estado de naturaleza, aumentada con poder y hacerse licenciosa por impunidad. Esto es pensar que los hombres serían tan tontos que se cuidarían de evitar los daños que le puedan hacer los gatos y los zorros, pero estarían contentos y aun pensarían que es seguro el ser devorado por leones". Locke se anticipó a Montesquieu, quien a la postre es más conocido que el propio Locke por su defensa de este principio, al hablar de la separación de poderes y en la idea del sostenimiento de la autoridad del Estado en los principios de soberanía popular y legalidad.

Resumiendo un poco cómo se llegó a la revolución, en Inglaterra, a principios del siglo XVII, los burgueses, dedicados al comercio y a la producción de mercaderías, y la "gentry", nobles dedicados al comercio, cada vez prosperaban más rápidamente, mientras la nobleza más tradicional veía menguar su posición frente a estos debido a que su única fuente de riqueza la propiedad de tierras. La monarquía intentó revertir esta situación poniendo límites al desarrollo de las actividades económicas de los burgueses, creando nuevos impuestos y aumentando los ya existentes, así como desplegando un agresivo intervencionismo económico, participando directamente en algunas de las actividades industriales y comerciales, con el resultado que, no podía ser de otra forma, tenía que producirse: aumento de precios, desocupación y descontento general. El Parlamento inglés estaba en contra de las medidas fiscales impuestas por el monarca, al ser imposible controlar el destino del dinero recaudado, más aún, desde que la corona comenzó a exigirlos aunque no tuvieran la aprobación del Parlamento.

A partir de 1639, los acontecimientos comenzaron a precipitarse. Los burgueses se negaron a pagar impuestos y la Cámara de los Comunes se opuso a destinar fondos a un ejército personal del rey Carlos I destinado a sofocar la rebelión independentista de los escoceses, en 1640. Gran parte de la burguesía apoyó a la Cámara y en 1642 estalló la guerra civil. Los parlamentarios, dirigidos por Oliver Cromwell, recibieron fundamentalmente apoyo de las regiones industriales y comerciantes del sur y el este del país y de los puritanos mientras que los realistas recibieron el de las agrícolas del norte y el oeste y el de la Iglesia Anglicana. Los primeros resultaron vencedores, expulsando a la nobleza del Parlamento y proclamando la república en 1649, tras la decapitación de Carlos I.

En 1660, la monarquía fue restaurada, aceptándose por la corona la potestad parlamentaria para la elaboración de leyes y la aprobación de impuestos. Los problemas comenzaron de nuevo con la subida al trono de Jacobo II, católico y con tendencias absolutistas. Éste intentó reimplantar de nuevo la monarquía absoluta pero se encontró con la oposición frontal de los nobles, quienes no eran católicos. Se forjó un nuevo acuerdo entre nobleza y burguesía con el fin de destronar al rey. En realidad, no solo influyeron en esto las ideas absolutistas de Jacobo sino también su política religiosa y su intento de instaurar una dinastía católica en Inglaterra. En 1688, ambos grupos ofrecieron la corona de Inglaterra al príncipe holandés Guillermo de Orange con dos condiciones: debía mantener el protestantismo y dejar gobernar al Parlamento. El 30 de junio de ese año, un grupo de nobles protestantes, conocido como los "Siete Inmortales", le solicitaron venir a Inglaterra con un ejército. Para septiembre estaba claro que Guillermo intentaría invadir el país y aun así, Jacobo cometió el error de rechazar la ayuda de Luis XIV, el rey de Francia y el monarca católico más poderoso de Europa, ante el temor de que los ingleses se opondrían a la intervención francesa. Cuando Guillermo de Orange llegó a Inglaterra el 5 de noviembre de 1688, todos los oficiales protestantes del rey desertaron. Jacobo, abandonado por todos los grupos sociales (incluida su propia hija, Ana), abdicó del trono. La Gloriosa Revolución, que abolió definitivamente la monarquía absoluta e inició en Inglaterra la época de la monarquía parlamentaría, con la participación de los súbditos en el gobierno del Estado a través del Parlamento, había triunfado sin violencia y sin derramamiento de sangre, sin guillotinamientos a mansalva y sin genocidios de "enemigos del Estado", como el de La Vendée, a diferencia de la Revolución Francesa de 1789.

En los años siguientes, se eliminaron los privilegios reales, aristocráticos y de las corporaciones, los monopolios, las prohibiciones, los peajes y los controles de precios, que obstaculizaban la libertad de comercio y de industria, se crearon y fortalecieron instrumentos que servían para el desarrollo de las nuevas actividades económicas, se creó el Banco de Inglaterra y se generalizaron las sociedades anónimas, se difundió la tolerancia religiosa y se protegió el progreso de la ciencia.
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El papel del Estado para Adam Smith

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Adam Smith ya en el siglo XVIII nos dejaba claro en su libro "Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones" ("An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations"), o, simplemente, "La riqueza de las naciones", ese gran desconocido en el mundo de habla hispana, cuáles son las funciones a las que debe circunscribirse la acción estatal. Ese gran desconocido digo porque, a pesar de ser Smith no solo uno de los padres del liberalismo sino también de la teoría económica moderna, y aunque es cierto que fue publicado en español por primera vez en 1794, sin embargo, a fin de obtener el permiso de la Santa Inquisición, su primer traductor, José Alonso Ortíz, se vio obligado a omitir algunos pasajes significativos. La primera versión completa en nuestro idioma no fue publicada hasta 1958, por el Fondo de Cultura Económica de México.

Entre otras cuestiones, Adam Smith trata en esta obra de las finanzas públicas y expone sus ideas sobre las partidas de gastos públicos que considera legítimas de acuerdo con su opinión general sobre las funciones del gobierno. Para Smith, el Estado debe limitarse a garantizar la defensa, la justicia y seguridad y las obras públicas. Es muy significativo leer sus propias palabras.

Sobre defensa:

"El primer deber del soberano, el de proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes, sólo puede ser cumplido mediante una fuerza militar".

Sobre justicia y seguridad:

"El segundo deber del soberano, el de proteger en cuanto le sea posible a cada miembro de la sociedad contra la injusticia y opresión de cualquier otro miembro de la misma, o el deber de establecer una administración exacta de justicia".

".... de la misma forma, un impuesto de timbre sobre los trámites judiciales de cada tribunal, a ser cobrado por este mismo tribunal, y dirigido a la manutención de sus jueces y otros funcionarios, podrá proporcionar un ingreso suficiente para afrontar el gasto de la administración de justicia sin hacerlo recaer sobre el ingreso general de la sociedad. Es verdad que en este caso los jueces sentirían la tentación de multiplicar innecesariamente las diligencias en cada proceso, para incrementar en todo lo posible el producto de un impuesto de timbre de esta naturaleza. En la Europa moderna la costumbre ha sido en la mayoría de los casos regular el pago de abogados y empleados de justicia según el número de páginas que escribiesen, y el tribunal determinaba que cada página debía contener tantas líneas y cada línea tantas palabras. Para aumentar su retribución los abogados y funcionarios judiciales han procurado multiplicar las palabras por encima de cualquier necesidad, y han corrompido así el lenguaje legal de todos los tribunales de justicia de Europa. Una tentación análoga puede haber ocasionado la misma corrupción en los formulismos de los procedimientos judiciales". Sostiene que la administración de justicia puede mantenerse con tasas judiciales nunca antes de terminar el proceso para motivar la velocidad de los jueces.

"Cuando el Poder Judicial está unido al Poder Ejecutivo, es casi imposible que la justicia no resulte sistemáticamente sacrificada en aras de lo que vulgarmente se denomina la política. Las personas a quienes se confían los más altos intereses del estado, incluso aunque no tengan una mentalidad corrupta, podrán en ocasiones imaginar que los derechos de un ciudadano privado deben ser sacrificados ante esos intereses. La libertad de cada individuo, la sensación que tiene de su propia seguridad, depende de una administración imparcial de la justicia. Para que cada persona se sienta plenamente segura de la posesión de cualquier derecho que le corresponda no sólo es necesario que el Poder Judicial esté separado del Ejecutivo, sino que además debe tener con respecto a este poder la máxima independencia. El juez no debería estar expuesto a ser destituido según el capricho del Poder Ejecutivo. El pago regular de su salario no debería depender de la buena voluntad y ni siquiera de la buena gestión económica de ese poder". Adam Smith sostiene que puede haber gastos fijos que deban sostenerse con impuestos sobre las propiedades pero recaudados por el Poder Judicial. Y allí enlaza el tema de la independencia del Poder Judicial.

Sobre las obras públicas:

"El tercer y último deber del soberano o el estado es el de construir y mantener esas instituciones y obras públicas que aunque sean enormemente ventajosas para una gran sociedad son sin embargo de tal naturaleza que el beneficio jamás reembolsaría el coste en el caso de ningún individuo o grupo reducido de individuos y que, por lo tanto, no puede esperarse que sea construido". Adam Smith sostiene que las obras las deben pagar los directamente beneficiados por eso estimula el sistema de peajes para puentes, caminos y rutas. El Estado debe tener entre sus competencias el correo y la acuñación de moneda.

"Incluso aquellas obras públicas que por su naturaleza no pueden generar ingreso alguno para mantenerse por sí mismas, y cuya conveniencia se limita prácticamente a un lugar o distrito particular, son siempre mejor conservadas por un ingreso local o provincial que por el ingreso general del estado... Si las calles de Londres fuesen iluminadas y pavimentadas con cargo al tesoro ¿habría alguna probabilidad de que estuviesen tan bien iluminadas y pavimentadas como lo están y a un costo tan reducido?". Los gastos que benefician a toda la sociedad deben ser sufragados con recursos generales.


Pero no se queda ahí. Al contrario de quienes simplona y, a veces, demagógicamente definen el liberalismo como la ausencia total de regulación (o "la ley de la selva"), en lugar de la libertad dentro de un marco normativo que evite los abusos. Todo lo contrario, Smith considera que "Puede decirse que la caprichosa ambición de algunos tiranos y ministros, que en algunas épocas ha tenido el mundo, no ha sido tan fatal al reposo universal de Europa como el impertinente celo y envidia de los comerciantes y fabricantes" o que "Rara vez se verán juntarse los de la misma profesión u oficio, aunque sea con motivo de diversión o de otro accidente extraordinario, que no concluyan sus juntas y sus conversaciones en alguna combinación o concierto contra el beneficio común, conviniéndose en levantar los precios de sus artefactos o mercaderías". Adam Smith tenía muy clara la idea del bien común como fin último. Convencido de que la libertad económica es el mejor camino para alcanzarlo, no obstante, era consciente de que existirán individuos que incluso podrán conspirar contra el bien común (¿los monopolios?). Las leyes deben evitar conductas que terminen desvirtuando esa libertad económica. "Dos objetos son los que presenta la economía política, considerada como uno de los ramos de la ciencia de un legislador y que debe cultivar un estadista: el primero... habilitar a sus individuos y ponerles en estado de poder surtirse por sí mismos de todo lo necesario; y el segundo, proveer al Estado o República de rentas suficientes para los servicios públicos y las expensas o gastos comunes, dirigiéndose en ambos objetos a enriquecer al Soberano y al pueblo como tales".

El Estado tiene un papel mínimo pero importante para que podamos disfrutar de nuestra libertad. No hay que olvidar, redundando un poco en lo expuesto hace dos entradas, que no es el liberalismo sino el anarquismo y el marxismo (tras una fase previa de "dictadura del proletariado", la cual, en la práctica siempre se ha eternizado, que se lo pregunten a los cubanos) quienes postulan la abolición del Estado.
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Por favor, una Margaret Thatcher para España, ¡ya!

Así dice Emilio J. González en un artículo publicado el pasado miércoles en Libertad Digital, un sentimiento compartido por mí desde hace bastante tiempo.

Echando un vistazo a la situación del Reino Unido antes de 1979, antes de la victoria electoral de Margaret Thatcher, el panorama no era muy distinto del que tenemos hoy día en España. Cuestión aparte el hecho de que el gobierno laborista de James Callaghan estuvo a punto casi de convertir al país en un satélite soviético "de facto" (bueno, nosotros hoy somos los embajadores en Europa de Chávez y los hermanos Castro), éste llevó al Reino Unido a un estado de bancarrota virtual en 1976 cuando un colapso en el valor de la divisa obligó al gobierno a negociar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una cosa inaudita en un país desarrollado. Las demandas salariales de los sindicatos llevaron a huelgas endémicas y un hiperregulado mercado de trabajo colocaron el desempleo en niveles de record. En aquellos años, era más fácil conseguir subvenciones que empleo. Los allí conocidos como trade unions, aquí sindicatos subvencionados, compartían con los que sufrimos en España la misma brabuconería hacia todo aquel que pueda poner en duda el mito de que son los responsables de la mejora en el bienestar de los trabajadores. La principal diferencia, eso sí, era que los trade unions británicos estaban tan crecidos que le montaban huelga tras huelga a sus afines ideológicos en el gobierno mientras que aquí ni eso necesitan con Zapatero. El presidente del gobierno progre que padecemos tiene tanto miedo a que le convoquen una huelga general, que hacen y deshacen a su antojo (Candido Mendez, secretario general de UGT, casi puede considerarse el vicepresidente cuarto del Gobierno).

Pero no nos engañemos. En España, ahora mismo, no hay nadie, ni a la izquierda ni a la derecha, con los arrestos suficientes para hacerles frente (si alguien piensa en Rajoy que se olvide rapidamente), tal y como lo hizo la Dama de Hierro en los 80, convencida del freno al progreso económico, al empleo y al binestar que suponían. Lanzan campañas como esta, rozando el ridículo, con total tranquilidad de que nadie les va a echar en cara cómo están condenando a millones de personas al desempleo y a un cada vez más agudo empobrecimiento:



Tener asociaciones patronales subvencionadas es tan absurdo como tener sindicatos subvencionados (unos y otros deberían financiarse con las cuotas de sus afiliados). Sobre todo si las primeras o no hacen propuestas que ayuden a mejorar el mercado de trabajo o, cuando tienen alguna idea, la retirán en cuanto empieza a bramar la trompetería sindical. Es lo que ha ocurrido con la idea, planteada y retirada en menos de 24 horas, de una modalidad contractual dirigida a los jóvenes menores de 30 años, con una duración de seis meses prorrogable a un año y sin indemnización por despido, con una remuneración equivalente al salario mínimo interprofesional, similar al existente en Francia.

Dígame cualquiera lo que quiera o tenga los prejuicios que quiera, pero este modelo de contrato es bastante interesante para los jóvenes que buscan su primer empleo (sean licenciados universitarios o provengan de la formación profesional) como forma de empezar a conseguir y acumular una experiencia laboral que permita aspirar a mejores condiciones en el futuro. Yo mismo, hablando personalmente, ya hubiera querido tener esas condiciones cuando empecé a trabajar como aprendiz de mi profesión actual (no cobraba apenas nada y de derecho a indemnización por despido ¡ni hablemos!). Que no hay derecho a cobrar si se es despedido... ¿acaso alguien piensa que una empresa despide trabajadores poe el mero placer de despedir? O que, en el supuesto de que esté satisfecha con la labor de ese trabajador, precisamente, no será su intención deshacerse de él sino, todo lo contrario, retenerlo ofreciéndole unas mejores condiciones

Cándido Mendez dijo que esperaba que esta idea se sepultara bajo toneladas de piedra (no especificó si mediante una obra del costoso e inútil Plan E). Estos señores parecen tener un terror patológico a que cualquiera decida libremente si desea o no aceptar un contrato de trabajo (quizás, sus temores se deben a que, si cunde el ejemplo, puede que la gente termine percatándose de que la "labor" de los sindicatos es innecesaria y muchos de los actuales liberados tendrían que ponerse a trabajar, ¡qué horror!). No parecen entender o, en caso de que lo entiendan, su sectarismo ideológico les impide reconocerlo que son las altas indemnizaciones por despido previstas por nuestra legislación laboral las que dificultan a los jóvenes sin experiencia laboral conseguir su primer empleo. Seguramente, para los sindicatos, es preferible que un joven esté desempleado, tras terminar su formación, a que tenga la posibilidad de empezar su vida laboral aceptando una modalidad de contrato menos exigente que las existentes en épocas de crecimiento económico (lo que ellos llaman "contratos basura"). Pero esto no gusta a los sindicatos y con ellos hemos topado. Y no hay más que hablar.

Volviendo a Margaret Thatcher, ésta, una líder política con una valentía de las que ya no hay, tuvo que adoptar medidas enormemente impopulares pero necesarias para remontar la situación que se encontró, venciendo todos los pulsos que le plantearon los trade unions, entre ellos, la huelga minera de 1984-85. Los comienzos de su mandato fueron enormemente duros pero sus medidas consistentes en reformas sindicales, privatizaciones, desregulaciones y fuertes medidas anti-inflación, y un control del gasto público crearon, a finales de los años 80, mejores expectativas económicas para el Reino Unido de lo que habría parecido posible cuando llegó al cargo de Primera Ministra en 1979.

Al final de su mandato, en 1990, podía presumir, con bastante razón, de haber liberado a los trabajadores de la servidumbre a que los tenían sometidos las mafias sindicales en el país donde se inventó el sindicalismo, de haber convertido al Reino Unido en el único país del mundo donde hay más accionistas de grandes empresas que trabajadores sindicalizados y de haber reducido a la mitad los impuestos sin afectar las finanzas públicas.

¿Y quién asegura que eso no sería posible en España si no fuera por la escasa valentía de nuestros políticos?
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