Por favor, una Margaret Thatcher para España, ¡ya!

Así dice Emilio J. González en un artículo publicado el pasado miércoles en Libertad Digital, un sentimiento compartido por mí desde hace bastante tiempo.

Echando un vistazo a la situación del Reino Unido antes de 1979, antes de la victoria electoral de Margaret Thatcher, el panorama no era muy distinto del que tenemos hoy día en España. Cuestión aparte el hecho de que el gobierno laborista de James Callaghan estuvo a punto casi de convertir al país en un satélite soviético "de facto" (bueno, nosotros hoy somos los embajadores en Europa de Chávez y los hermanos Castro), éste llevó al Reino Unido a un estado de bancarrota virtual en 1976 cuando un colapso en el valor de la divisa obligó al gobierno a negociar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una cosa inaudita en un país desarrollado. Las demandas salariales de los sindicatos llevaron a huelgas endémicas y un hiperregulado mercado de trabajo colocaron el desempleo en niveles de record. En aquellos años, era más fácil conseguir subvenciones que empleo. Los allí conocidos como trade unions, aquí sindicatos subvencionados, compartían con los que sufrimos en España la misma brabuconería hacia todo aquel que pueda poner en duda el mito de que son los responsables de la mejora en el bienestar de los trabajadores. La principal diferencia, eso sí, era que los trade unions británicos estaban tan crecidos que le montaban huelga tras huelga a sus afines ideológicos en el gobierno mientras que aquí ni eso necesitan con Zapatero. El presidente del gobierno progre que padecemos tiene tanto miedo a que le convoquen una huelga general, que hacen y deshacen a su antojo (Candido Mendez, secretario general de UGT, casi puede considerarse el vicepresidente cuarto del Gobierno).

Pero no nos engañemos. En España, ahora mismo, no hay nadie, ni a la izquierda ni a la derecha, con los arrestos suficientes para hacerles frente (si alguien piensa en Rajoy que se olvide rapidamente), tal y como lo hizo la Dama de Hierro en los 80, convencida del freno al progreso económico, al empleo y al binestar que suponían. Lanzan campañas como esta, rozando el ridículo, con total tranquilidad de que nadie les va a echar en cara cómo están condenando a millones de personas al desempleo y a un cada vez más agudo empobrecimiento:



Tener asociaciones patronales subvencionadas es tan absurdo como tener sindicatos subvencionados (unos y otros deberían financiarse con las cuotas de sus afiliados). Sobre todo si las primeras o no hacen propuestas que ayuden a mejorar el mercado de trabajo o, cuando tienen alguna idea, la retirán en cuanto empieza a bramar la trompetería sindical. Es lo que ha ocurrido con la idea, planteada y retirada en menos de 24 horas, de una modalidad contractual dirigida a los jóvenes menores de 30 años, con una duración de seis meses prorrogable a un año y sin indemnización por despido, con una remuneración equivalente al salario mínimo interprofesional, similar al existente en Francia.

Dígame cualquiera lo que quiera o tenga los prejuicios que quiera, pero este modelo de contrato es bastante interesante para los jóvenes que buscan su primer empleo (sean licenciados universitarios o provengan de la formación profesional) como forma de empezar a conseguir y acumular una experiencia laboral que permita aspirar a mejores condiciones en el futuro. Yo mismo, hablando personalmente, ya hubiera querido tener esas condiciones cuando empecé a trabajar como aprendiz de mi profesión actual (no cobraba apenas nada y de derecho a indemnización por despido ¡ni hablemos!). Que no hay derecho a cobrar si se es despedido... ¿acaso alguien piensa que una empresa despide trabajadores poe el mero placer de despedir? O que, en el supuesto de que esté satisfecha con la labor de ese trabajador, precisamente, no será su intención deshacerse de él sino, todo lo contrario, retenerlo ofreciéndole unas mejores condiciones

Cándido Mendez dijo que esperaba que esta idea se sepultara bajo toneladas de piedra (no especificó si mediante una obra del costoso e inútil Plan E). Estos señores parecen tener un terror patológico a que cualquiera decida libremente si desea o no aceptar un contrato de trabajo (quizás, sus temores se deben a que, si cunde el ejemplo, puede que la gente termine percatándose de que la "labor" de los sindicatos es innecesaria y muchos de los actuales liberados tendrían que ponerse a trabajar, ¡qué horror!). No parecen entender o, en caso de que lo entiendan, su sectarismo ideológico les impide reconocerlo que son las altas indemnizaciones por despido previstas por nuestra legislación laboral las que dificultan a los jóvenes sin experiencia laboral conseguir su primer empleo. Seguramente, para los sindicatos, es preferible que un joven esté desempleado, tras terminar su formación, a que tenga la posibilidad de empezar su vida laboral aceptando una modalidad de contrato menos exigente que las existentes en épocas de crecimiento económico (lo que ellos llaman "contratos basura"). Pero esto no gusta a los sindicatos y con ellos hemos topado. Y no hay más que hablar.

Volviendo a Margaret Thatcher, ésta, una líder política con una valentía de las que ya no hay, tuvo que adoptar medidas enormemente impopulares pero necesarias para remontar la situación que se encontró, venciendo todos los pulsos que le plantearon los trade unions, entre ellos, la huelga minera de 1984-85. Los comienzos de su mandato fueron enormemente duros pero sus medidas consistentes en reformas sindicales, privatizaciones, desregulaciones y fuertes medidas anti-inflación, y un control del gasto público crearon, a finales de los años 80, mejores expectativas económicas para el Reino Unido de lo que habría parecido posible cuando llegó al cargo de Primera Ministra en 1979.

Al final de su mandato, en 1990, podía presumir, con bastante razón, de haber liberado a los trabajadores de la servidumbre a que los tenían sometidos las mafias sindicales en el país donde se inventó el sindicalismo, de haber convertido al Reino Unido en el único país del mundo donde hay más accionistas de grandes empresas que trabajadores sindicalizados y de haber reducido a la mitad los impuestos sin afectar las finanzas públicas.

¿Y quién asegura que eso no sería posible en España si no fuera por la escasa valentía de nuestros políticos?
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