El papel del Estado para Adam Smith

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Adam Smith ya en el siglo XVIII nos dejaba claro en su libro "Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones" ("An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations"), o, simplemente, "La riqueza de las naciones", ese gran desconocido en el mundo de habla hispana, cuáles son las funciones a las que debe circunscribirse la acción estatal. Ese gran desconocido digo porque, a pesar de ser Smith no solo uno de los padres del liberalismo sino también de la teoría económica moderna, y aunque es cierto que fue publicado en español por primera vez en 1794, sin embargo, a fin de obtener el permiso de la Santa Inquisición, su primer traductor, José Alonso Ortíz, se vio obligado a omitir algunos pasajes significativos. La primera versión completa en nuestro idioma no fue publicada hasta 1958, por el Fondo de Cultura Económica de México.

Entre otras cuestiones, Adam Smith trata en esta obra de las finanzas públicas y expone sus ideas sobre las partidas de gastos públicos que considera legítimas de acuerdo con su opinión general sobre las funciones del gobierno. Para Smith, el Estado debe limitarse a garantizar la defensa, la justicia y seguridad y las obras públicas. Es muy significativo leer sus propias palabras.

Sobre defensa:

"El primer deber del soberano, el de proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes, sólo puede ser cumplido mediante una fuerza militar".

Sobre justicia y seguridad:

"El segundo deber del soberano, el de proteger en cuanto le sea posible a cada miembro de la sociedad contra la injusticia y opresión de cualquier otro miembro de la misma, o el deber de establecer una administración exacta de justicia".

".... de la misma forma, un impuesto de timbre sobre los trámites judiciales de cada tribunal, a ser cobrado por este mismo tribunal, y dirigido a la manutención de sus jueces y otros funcionarios, podrá proporcionar un ingreso suficiente para afrontar el gasto de la administración de justicia sin hacerlo recaer sobre el ingreso general de la sociedad. Es verdad que en este caso los jueces sentirían la tentación de multiplicar innecesariamente las diligencias en cada proceso, para incrementar en todo lo posible el producto de un impuesto de timbre de esta naturaleza. En la Europa moderna la costumbre ha sido en la mayoría de los casos regular el pago de abogados y empleados de justicia según el número de páginas que escribiesen, y el tribunal determinaba que cada página debía contener tantas líneas y cada línea tantas palabras. Para aumentar su retribución los abogados y funcionarios judiciales han procurado multiplicar las palabras por encima de cualquier necesidad, y han corrompido así el lenguaje legal de todos los tribunales de justicia de Europa. Una tentación análoga puede haber ocasionado la misma corrupción en los formulismos de los procedimientos judiciales". Sostiene que la administración de justicia puede mantenerse con tasas judiciales nunca antes de terminar el proceso para motivar la velocidad de los jueces.

"Cuando el Poder Judicial está unido al Poder Ejecutivo, es casi imposible que la justicia no resulte sistemáticamente sacrificada en aras de lo que vulgarmente se denomina la política. Las personas a quienes se confían los más altos intereses del estado, incluso aunque no tengan una mentalidad corrupta, podrán en ocasiones imaginar que los derechos de un ciudadano privado deben ser sacrificados ante esos intereses. La libertad de cada individuo, la sensación que tiene de su propia seguridad, depende de una administración imparcial de la justicia. Para que cada persona se sienta plenamente segura de la posesión de cualquier derecho que le corresponda no sólo es necesario que el Poder Judicial esté separado del Ejecutivo, sino que además debe tener con respecto a este poder la máxima independencia. El juez no debería estar expuesto a ser destituido según el capricho del Poder Ejecutivo. El pago regular de su salario no debería depender de la buena voluntad y ni siquiera de la buena gestión económica de ese poder". Adam Smith sostiene que puede haber gastos fijos que deban sostenerse con impuestos sobre las propiedades pero recaudados por el Poder Judicial. Y allí enlaza el tema de la independencia del Poder Judicial.

Sobre las obras públicas:

"El tercer y último deber del soberano o el estado es el de construir y mantener esas instituciones y obras públicas que aunque sean enormemente ventajosas para una gran sociedad son sin embargo de tal naturaleza que el beneficio jamás reembolsaría el coste en el caso de ningún individuo o grupo reducido de individuos y que, por lo tanto, no puede esperarse que sea construido". Adam Smith sostiene que las obras las deben pagar los directamente beneficiados por eso estimula el sistema de peajes para puentes, caminos y rutas. El Estado debe tener entre sus competencias el correo y la acuñación de moneda.

"Incluso aquellas obras públicas que por su naturaleza no pueden generar ingreso alguno para mantenerse por sí mismas, y cuya conveniencia se limita prácticamente a un lugar o distrito particular, son siempre mejor conservadas por un ingreso local o provincial que por el ingreso general del estado... Si las calles de Londres fuesen iluminadas y pavimentadas con cargo al tesoro ¿habría alguna probabilidad de que estuviesen tan bien iluminadas y pavimentadas como lo están y a un costo tan reducido?". Los gastos que benefician a toda la sociedad deben ser sufragados con recursos generales.


Pero no se queda ahí. Al contrario de quienes simplona y, a veces, demagógicamente definen el liberalismo como la ausencia total de regulación (o "la ley de la selva"), en lugar de la libertad dentro de un marco normativo que evite los abusos. Todo lo contrario, Smith considera que "Puede decirse que la caprichosa ambición de algunos tiranos y ministros, que en algunas épocas ha tenido el mundo, no ha sido tan fatal al reposo universal de Europa como el impertinente celo y envidia de los comerciantes y fabricantes" o que "Rara vez se verán juntarse los de la misma profesión u oficio, aunque sea con motivo de diversión o de otro accidente extraordinario, que no concluyan sus juntas y sus conversaciones en alguna combinación o concierto contra el beneficio común, conviniéndose en levantar los precios de sus artefactos o mercaderías". Adam Smith tenía muy clara la idea del bien común como fin último. Convencido de que la libertad económica es el mejor camino para alcanzarlo, no obstante, era consciente de que existirán individuos que incluso podrán conspirar contra el bien común (¿los monopolios?). Las leyes deben evitar conductas que terminen desvirtuando esa libertad económica. "Dos objetos son los que presenta la economía política, considerada como uno de los ramos de la ciencia de un legislador y que debe cultivar un estadista: el primero... habilitar a sus individuos y ponerles en estado de poder surtirse por sí mismos de todo lo necesario; y el segundo, proveer al Estado o República de rentas suficientes para los servicios públicos y las expensas o gastos comunes, dirigiéndose en ambos objetos a enriquecer al Soberano y al pueblo como tales".

El Estado tiene un papel mínimo pero importante para que podamos disfrutar de nuestra libertad. No hay que olvidar, redundando un poco en lo expuesto hace dos entradas, que no es el liberalismo sino el anarquismo y el marxismo (tras una fase previa de "dictadura del proletariado", la cual, en la práctica siempre se ha eternizado, que se lo pregunten a los cubanos) quienes postulan la abolición del Estado.
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