Artur Mas propone que el TC se declare incompetente para resolver sobre el Estatuto catalán

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Siendo bochornoso el retraso que arrastra el Tribunal Constitucional a la hora de pronunciarse sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, más aún lo son las presiones que, desde el nacionalismo catalán, está recibiendo este órgano. A pesar de que se suponía que CiU son los "moderados", futuribles aliados del PP en Cataluña y el Gobierno de la Nación, frente a la extrema radicalidad de PSC, ERC e ICV-EUiA, declaraciones como las de Puyol y Mas demuestran lo que son los catalanistas, por si no estaba suficientemente claro.

Jordi Puyol pareció tocar fondo, al decir que Cataluña "no tiene por qué respetar" al Tribunal Constitucional en su dictamen sobre el Estatuto, pero su delfín, Artur Mas, le ha superado al exigir que el Constitucional poco menos que se declare incompetente "para juzgar la constitucionalidad" de las normas vigentes. Así dijo este individuo, el miércoles por la noche, en el programa de TVE "59 segundos", con la excusa de que lo votado por el pueblo "tiene que ir a misa", porque "si no se va a pique" la esencia de la democracia: el voto.

O sea, que, según Mas, todo lo que se vote en un parlamento o en un referéndum debe ir para adelante, se ajuste o no se ajuste a Derecho y, especialmente, a la principal norma del ordenamiento jurídico, que es la Constitución. Recibir el voto es un cheque en blanco para aquel que haya recibido el beneplácito de las urnas, quien podría vulnerar sistemáticamente la legalidad puesto que, de ser sometido a algún tipo de control o fiscalización, se estaría hurtando la voluntad popular. Algo más propio de una república bolivariana, como la de Chávez, o la de una dirigida por un hijo de la Pachamama, como la de Evo Morales. Beneplácito de las urnas, a todo esto, que fue sólo de un tercio de los catalanes con derecho a voto y con una abstención superior al 50% en el referéndum de ratificación del Estatuto, pero eso es otra cuestión.

Más aún, además de populista, ¿tan ignorante es en realidad este hombre? Exigir al Tribunal Constitucional que se auto declare incompetente para "juzgar la constitucionalidad" del Estatuto es sugerir que los magistrados que lo componen perpetren un delito de prevaricación. El Tribunal Constitucional no es que pueda juzgar normas aprobadas por refrendo popular, es que desde la eliminación del recurso previo de inconstitucionalidad, los únicos estatutos cuya constitucionalidad puede juzgar son precisamente aquellos que han sido aprobados por mayoría en refrendo popular. Y esto es así por la sencilla razón de que si no cuentan con ese apoyo no llegarían a ser aprobados y, por tanto ya no sería necesario que el Tribunal se pronunciara sobre ellos.

En lugar de dedicarse a lanzar estas proclamas, Mas podría presentar una iniciativa parlamentaria para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad , desactivado mediante la Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio, si tanto le molesta que el Constitucional resuelva sobre una norma ya aprobada. Recordar que este recurso fue introducido en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, reguladora del Tribunal Constitucional, con la posibilidad de recurrir estatutos de autonomía y leyes orgánicas de manera que se paralizara su entrada en vigor hasta que los magistrados dieran su dictamen. Aquel era un mecanismo adecuado para evitar abusos de poder y asegurarse un veredicto del Constitucional ante leyes de especial relevancia, antes de su aprobación y entrada en vigor. Pero aquí, como en otras cosas, con el PSOE topamos. Dos años después de la arrolladora mayoría absoluta de 1982 (202 diputados), los socialistas se encontraron con una incómoda traba que les ocasionaba continuos retrasos en sus proyectos de ingeniería social y en sus leyes estrella. Es lo que ocurrió con la despenalización del aborto en los tres supuestos que contemplaba la Ley, antes de su conversión en "derecho" por parte del tándem Zapatero-Aído, aprobada por el Congreso en 1983, ante la cual, Alianza Popular respondió con un recurso previo de inconstitucionalidad que paralizó su implantación durante dos años. La norma no se aprobaría definitivamente hasta junio de 1985, después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el proyecto original y se incorporaran algunos cambios. El PSOE llevó al Congreso, en octubre de 1984, la derogación del recurso, haciéndose realidad esta modificación en la mencionada Ley Orgánica 4/1985, en cuyo Preámbulo se dice que: "La experiencia acumulada por más de tres años de justicia constitucional ha venido a mostrar que este recurso previo se ha configurado como un factor distorsionador de la pureza del sistema de relación de los poderes constitucionales del Estado, con consecuencias inesperadas y metaconstitucionales en la ultima fase de procedimiento de formación de la ley". Pese al enconado debate que mantuvo la oposición frente al Gobierno del PSOE, allá por 1984, el PP no percibió, cuando gobernó con mayoría absoluta, la trascendencia futura que podía haber tenido en el futuro este recurso para una verdadera regeneración democrática, pudiendo haberlo repuesto mediante Ley Orgánica. Hoy vemos como la Constitución prácticamente se deja en papel mojado mediante la aprobación de Estatutos de Autonomía de dudosa conformidad con la misma, mediante la mayoría simple del Congreso, con el PP oponiéndose con grandes dificultades o, incluso, colaborando en el proceso, como en el caso de Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana.

Pero, esta cuestión aparte, lo de Artur Mas sí que es una rebelión en toda regla, no la "rebelión" cívica mediante recogida de firmas planteada por Esperanza Aguirre frente a la subida del IVA y que tanto preocupa al PSOE.
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Reparemos la Constitución

Ayer se cumplieron 31 años de la Carta Magna, de ese librito que llamamos Constitución. Las celebraciones no han cesado. Sin embargo, no para de hablarse de una reforma constitucional. Y Rajoy es el que dice ahora que “nada es inmodificable”, mientras que Zapatero se erige en lo épico: “no se necesita una reforma de la Constitución, no es urgente”. Curioso, porque cuando estaba en la oposición la pedía. De la misma forma que el Gobierno, por aquel entonces del PP, negaba cualquier reforma.

Será porque en el poder las cosas se ven de otra manera. Y porque es tremendamente jodido poner a unos de acuerdo con otros, por no decir imposible. Pero lo realmente cierto es que nuestra Constitución lleva pidiendo a gritos una modificación desde que se creó. No solamente eso: estamos hablando de una verdadera reparación de dicho texto.

Y todo empezando por lo que tanto he repetido muchas veces: la separación de poderes. En España no hay – ni habrá, a este paso – una separación de poderes realmente efectiva. Porque es en la propia Constitución donde se nos impone que los políticos van a decidir quiénes son los jueces. Y, claro, así quedan huecos abiertos para que los partidos se repartan, entre ellos, el poder judicial. Algo que en una verdadera democracia no debería de pasar.

Una Constitución debería de garantizar unas libertades, y en consecuencia, garantizar que el poder político, de ninguna manera se va a sobrepasar y va a utilizar su poder coercitivo contra el individuo. Y eso es algo que carece nuestra Constitución, que incluso deja huecos que favorecen que los gobernantes hagan lo que les salga, literalmente y con la expresión más basta del mundo, lo que les salga del nabo.

Otra parte importante sería la relación entre la libertad de expresión y las injurias. ¿Qué es una injuria? Me parece que en muchas ocasiones se anula libertad de expresión bajo el nombre de “injuria” o “calumnia”. ¿Por qué voy a omitir yo que usted sea un facha, si es lo que realmente pienso? ¿Tengo que esconder esa opinión? No sería demasiado lógico ni consecuente.

Por todo esto y muchas cosas que no comento, pero que se podría hacer, creo que la Constitución debe de ser reformada o, incluso, realizar un texto completamente nuevo basado en principios liberales. Sería mucho más complicado, pero conveniente. En estos días de celebración siempre conviene replantearse unas cuantas cosas.

En la casa de todos

En "la casa de todos los españoles", como definió Bono al Congreso de los Diputados, pueden ocurrir estas cosas. O los ciudadanos que la visitan sólo puedan decir lo que al Gobierno le plazca o que un grupo de diputados empleen su tiempo y el dinero que les pagamos en reivindicar una próxima reunión en Al Quds (nombre árabe de Jerusalén), "capital de Palestina".

La vicepresidenta de la Cámara, la socialista Teresa Cunillera, ha retirado la palabra a uno de los jóvenes que participaban en uno de los actos para conmemorar la Constitución, la lectura de sus artículos. El joven, Javier Borderías, tenía que leer el artículo 28 de la Constitución, dedicado a los sindicatos. En ese momento, denunció que los sindicatos subvencionados han renunciado a ejercer lo que les encomienda la carta magna, la defensa de los trabajadores, y "bailan el agua" a los políticos. La frase literal que dijo el joven tras leer su artículo fue esta: "Tengo que añadir que me da pena y vergüenza que los sindicatos no ejerzan este derecho en los tiempos que corren y que se dediquen exclusivamente a bailar el agua al señor presidente y a su Gobierno".

Cunillera, muy molesta, retiró la palabra al estudiante. "Nunca pensé que tuviera que retirar la palabra en este acto", lamentó antes de pedirle que abandonara la tribuna. Desde el hemiciclo se escucharon aplausos. Efectivamente, es triste la labor de los sindicatos subvencionados como meras correas de transmisión de la nomenklatura socialista que nos (des)gobierna y este estudiante lo ha resumido muy bien en una sola frase. Alguien que no encaja en el modelo de ciudadano lanar o abovinado que gusta a la sra. vicepresidenta del Congreso.

Antes, el miércoles tuvimos una curiosa reunión en el Congreso: un grupo de diputados acudieron a una convocatoria del Intergrupo Parlamentario por Palestina (que usó su logo junto al de la vieja OLP, la Organización para la Liberación de Palestina), acompañados por representantes diplomáticos como el embajador de Arabia Saudi, democracia reconocida y con un acreditado respeto por los derechos humanos, o la todavía más sorprendente de un fantasmagórico "Embajador de Palestina", sin aclarar, por un lado, si es el embajador de Hamas o el de Al Fatah y, por otro, desconociendo, al parecer, que Palestina no es un país independiente y, por lo tanto, no tiene un embajador que figure en la lista del cuerpo diplomático del Ministerio de Exteriores. Junto a estos dos, también estaban incorporados, como anexos, representantes diplomáticos de algunas de las democracias liberales más avanzadas del planeta como Jordania, Cuba, Mauritania, Yemen, Qatar, Egipto o Sudán.

Los asistentes parlamentarios fueron Jordi Pedret i Grenzner, del PSOE, que es el Coordinador del Intergrupo Parlamentario por Palestina; Aitor Esteban Bravo, del PNV; Gaspar Llamazares, de IU; Joan Herrera, de IC; Joan Tarda i Coma, de ERC; Jordi Xucla i Costa, de CiU; Olaia Fernández Dávila, del BNG; y Uxue Barkos Berruezo, de NaBai.

Finalmente, los allí reunidos terminaron deseando que la próxima reunión fuera en "Al Quds, capital de Palestina" (Al Quds es el nombre árabe de Jerusalén), ignorando que Jerusalén no es la capital de Palestina, sino la de Israel. ¿También quieren que, vía impuestos, les paguemos el viaje y el turismo?

Todo muy moratiniano, por cierto, teniendo en cuenta que nuestro inefable ministro de Exteriores no hace mucho reconoció abiertamente que el gobierno progre que padecemos sólo ayuda económicamente a los palestinos musulmanes. "Nosotros ayudamos a los palestinos, no a los cristianos", reconoció sin tapujos Moratinos al franciscano español Artemio Vítores, vicario de la Custodia de Tierra Santa. Este sujeto, Moratinos, que se autoproclama "especialista de esta región", ignora que la abrumadora mayoría de los cristianos de allí son árabes y gran parte de ellos palestinos. Mientras, estos solidarios repartidores del dinero ajeno son el segundo donante de la hipercorrupta Autoridad Nacional Palestina (180 millones de euros donará entre 2.009 y 2.010 el gobierno progre que padecemos).
Paguemos religiosamente pero, si pisamos el Congreso, ni se nos ocurra quejarnos.