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miércoles, 23 de marzo de 2011

Libertad de Elección

            Hace tiempo que llevo pensando en una entrada así. Y entre la conversación que mantuve el domingo con unos amigos, y la de ayer por la noche, creo que ya va siendo hora de poner por escrito las conclusiones a que llegamos en dichas charlas.

            El tema principal tratado fue la contratación de gente y los impedimentos a la misma que nos impone el Estado. Tanto por la parte empresarial (empleador) como por la parte laboral (empleado).

            Pongamos un ejemplo. Una persona quiere trabajar y, en vista de la carencia de trabajo que existe a día de hoy, decide hacerlo “a dos bandas”, es decir, trabajar por la mañana para un jefe y por la tarde para otro. Pongamos que hay dos empleadores que necesitan gente, pero no para un contrato completo, sino simplemente uno lo necesita por las mañanas y otro por las tardes. Tenemos entonces que hay posibilidades de futuro para los tres. De mutuo acuerdo llegan a la conclusión de que es beneficioso para todas las partes formalizar una relación laboral así. Y entonces todo se va al traste cuando llega “papacito Estado” a imponer su visión del asunto. Pues cuando un trabajador tiene dos (o más pagadores) ya se transforma en un paria social, un esquirol, un acaparador de empleos, y se le castiga vía impuestos. Y lo mismo pasa con los empleadores que ven como contratar a alguien a tiempo parcial les cuesta casi lo mismo que contratarlo a tiempo completo.

            Observamos así que la política de protección del trabajo y del trabajador que tiene “papacito Estado” en realidad es perniciosa tanto para el trabajador como para el mismo concepto de trabajo libre.

            Pongamos otro ejemplo. Tenemos una empresa que decide que, en lugar de dar 14 pagas (12 meses y 2 extras) a los trabajadores, les dan 11, haciendo una prorrata de esas cantidades mes a mes trabajado, y el mes que no cobran será el mes de vacaciones, y le dan al trabajador la oportunidad de decidir si ese mes lo quiere entero de vacaciones, si quiere fraccionarlo (por ejemplo con 15 días de trabajo y 15 días de vacaciones), o si lo quiere entero de trabajo, pagándole la parte proporcional del sueldo acordado. Lo pondré en números para que sea más fácil de ver.

            Tenemos un salario base de 1000 euros (números redondos para que sea más sencillo), en 14 pagas. Eso son 14.000 euros. Ahora lo dividimos entre 11 y nos da un salario mensual de 1272,73 euros… eso ya son casi 273 euros más todos los meses… que se dice pronto. Ahora nos vamos al mes de vacaciones. Pongamos que el trabajador quiere tomárselo entero, su sueldo anual será de 14.000 euros. Ahora tomemos a un trabajador que sólo necesita 15 días para desconectar, su sueldo ese mes será de 636,36 euros, y su salario anual será de 14.636,36 euros. Ahora fijémonos en un trabajador que, por cualquier circunstancia, no desea las vacaciones ese año. Pues ese mes cobrará 1272,73 euros más, por lo que su salario anual será de 15.272,73 euros.

            Simples números que dejan ver claramente que la remuneración del trabajador es equivalente al trabajo realizado, y que no tiene nada de "regalo" el cuándo se den, si todas juntas mes a mes, o bien separadas en el tiempo a través de las ficciones que son las pagas extras o las vacaciones pagadas.

            Ahora tomemos la “mano protectora de papacito Estado” en el asunto. Esta opción es claramente ilegal, pues el trabajador tiene la obligación legal de tomarse vacaciones. Es decir que “papacito Estado” obliga a la gente a no trabajar. Puede parecer que lo hace por el bien del trabajador, cuando en realidad no es así, pues habrá casos en que el trabajador prefiera seguir trabajando para ganar más, o simplemente le guste su trabajo y se sienta cómodo realizándolo y con una o dos semanas al año le llegue como vacaciones. En cualquier caso es la libertad del trabajador elegir lo que quiere hacer con su dinero. Y “papacito Estado” se mete en medio y le obliga a que lo gaste según su criterio. Pues el ejemplo más claro de esto lo tenemos aquí. Las “vacaciones pagadas” son un mito, un engaño para bobos. Las vacaciones NO se pagan. La empresa no paga al trabajador por tener vacaciones. La realidad es que la empresa, obligada por el Estado, le está quitando al trabajador un dinero todos los meses, que será el que le devuelva cuando se tome las vacaciones. Tal vez “papacito Estado” tema que el ciudadano no sea capaz de pensar en cómo gastarse el dinero, y por eso le marca el camino a seguir. Tal vez “papacito Estado” tiene miedo de que el ciudadano se “pervierta” al ver tanto dinero junto. O tal vez “papacito Estado” tenga miedo de que el ciudadano se dé cuenta de que cuantas más medidas se creen para “protegerlo” en realidad lo que hacen es limitar su libertad de elección.

            Pongamos otro ejemplo. Una persona recién licenciada, sin experiencia laboral pero con mucha ilusión, quiere empezar a trabajar en lo suyo. Resulta que todos los sitios a los que va le dicen lo mismo, su currículum está muy bien, pero hace falta experiencia. Y claro, nunca ganará experiencia porque para poder ganarla necesita experiencia. Pongamos que ese chico está dispuesto a trabajar por menos dinero y menos tiempo, a cambio de que se le forme en ese trabajo y a cambio también de ganar experiencia. 

            Entonces ya nos sale “papacito Estado” diciendo que NO, que eso es un crimen gravísimo. Que para eso ya tenemos el recurso de “becario”.

            Pues analicemos entonces el becario. Una figura laboral que le concede a la empresa una serie de ventajas para contratar a gente sin experiencia, al tiempo que le otorga al trabajador la oportunidad de trabajar por menos dinero (pero mismas horas o más que el resto).

            Creo que la primera opción era más rentable… Pero vayamos más allá. En la primera opción, la empresa y el trabajador han llegado a un acuerdo libre entre ellos. La empresa es feliz por tener a alguien a quién formará a su gusto por un sueldo más bajo. El trabajador es feliz por tener la oportunidad de aprender y de ganar experiencia. La empresa verá si el trabajador es bueno, y al final lo educará en aquello que le interese para así poder mantenerlo en nómina. El trabajador verá si lo que está haciendo le gusta, y se podrá plantear si se queda en la empresa (con lo que hará un nuevo contrato más acorde a sus nuevos conocimientos) o bien si no le gusta, ya habrá ganado la experiencia necesaria para poder buscarse otro trabajo en otro sitio. En la segunda opción la realidad es que la empresa NUNCA le enseñará nada al trabajador, pues le compensa más echárlo a la calle cuando se acabe su contrato de becario y así contratar a otro becario nuevo con el que pueda seguir cobrando subvenciones; mientras que el trabajador se ha pasado los años de becario trabajando como un negro, sin aprender nada, sabiendo que cuando se acabe se encontrará en la calle, y en su currículim NO podrá poner que tiene experiencia pues toda empresa sabe que los becarios NO ganan experiencia

            Es decir… cuando el Estado nos quiere proteger, en realidad nos está perjudicando. Lo que hubiera sido un gran adelanto de haber hecho de mutuo acuerdo y libremente, pasa a ser un gran atraso cuando se mete en medio con normas y legislación restrictiva y perniciosa. 

            Supongo que habrá gente que piense que el Estado está ahí para protegernos. Supongo que la forma básica de demostrar esa protección es a través de las regulaciones y normas. También supongo que cuando se hacen esas normas se piensa que se está haciendo bien. Pero a todos aquellos que piensan que esto es algo bueno, me gustaría preguntarles si realmente es así. Que analicen un poco más el tema. Que se den cuenta de que todo lo que “papacito Estado” ha conseguido para el trabajador, en realidad es el fruto del propio trabajador. Es el sudor del trabajador, es la productividad del trabajador, es la rentabilidad del trabajador lo que ha logrado todo cuanto “papacito Estado” se atribuye. Cuando se habla de pagas extras… no es algo que la empresa de a regañadientes porque “papacito Estado” las obligue a ello, sino que se trata de un dinero que previamente le han sustraído a la nómina del trabajador para luego dárselo todo junto. Cuando se habla de vacaciones pagadas, no se trata de algo que la empresa de a regañadientes porque “papacito Estado” la obligue, sino que también se trata de un dinero que previamente se le ha sustraído a la nómina del trabajador para luego dárselo haciéndole creer que otros lo han conseguido para él. Al final quién realmente se ha ganado ese dinero, ese tiempo libre, es el trabajador, e intentar atribuírselo al Estado es autoengañarse.

            Supongo que todo depende de la profundidad del pensamiento de cada uno. No a nivel de inteligencia (que no tiene nada que ver), sino al nivel de cuántas capas se pueden mirar hasta llegar al fondo del asunto. Hace tiempo publiqué un post en el que hablaba del “¿Por qué?”. Pues ahora invito a todos cuanto lean este post a que hagan lo mismo. Que se planteen todas las preguntas posibles sobre esta situación. Y que cuando crean que han llegado hasta el final, que se las vuelvan a plantear desde el punto de vista contrario. Y cuando hayan llegado, desde ambos puntos de vista, a la misma conclusión (al menos eso es lo que me ha pasado a mí), tal vez se den cuenta de que la realidad es que “papacito Estado” tiene muy buenos publicistas, que han logrado hacernos creer que son los buenos, cuando la realidad es que lo único que hace es poner trabas a la ciudadanía que lo único que quiere es que la dejen en paz.

            Evidentemente este tema da para mucho más, pero me temo que ya sería demasiado escarbar en la basura que es la legislación laboral en este país.  

jueves, 6 de mayo de 2010

Legislación Laboral

Quiero comenzar diciendo que no pretendo hacer un análisis, imposible en este espacio, de la legislación laboral, por otro lado compleja y extensa.  Sólo pretendo exponer algunos detalles que considero que deberían ser cambiados y que ante la inminente "reforma", pienso que serían positivos para la economía y el bienestar de los ciudadanos.

En primer lugar me gustaría tratar los convenios colectivos. Los convenios son negociados, como todo el mundo sabe, por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. No voy a entrar en el concepto de representatividad y en el debate de a quién representan realmente, porque entiendo que  excede de mis pretensiones ahora. Una vez negociado un convenio, generalmente a nivel nacional, se establecen las condiciones laborales que afectan a todos los trabajadores y empresas del sector al que se refiere. Luego pueden existir, y de hecho es lo común, convenios provinciales, que siempre han de mejorar (entiéndase a favor del trabajador) las condiciones que el convenio nacional marca. Cuando se publica y es obligatorio su cumplimiento, empresario y trabajador se ven sujetos al mismo ( hayan o no participado en él: es decir pertenezcan o no ambos al sindicato y organización empresarial en cuestión: muy democrático, como ven). ¿Qué sucede entonces? El convenio establece una serie de obligaciones y deberes que están fijadas "manu militari", sin tener en cuenta, en absoluto, la realidad de la empresa a la que se va a aplicar. De tal suerte que un gran almacén tiene el mismo convenio ( a no ser que tenga uno propio, y entonces tiene que ser "mejor"), que un pequeño comercio, por ejemplo. Si nos centramos en el ámbito salarial nos lleva a que unos señores han decidido cuál es el salario de un trabajador sin conocer la situación de la empresa a la que va a ser aplicado. ¿Qué sucede? En condiciones de bonanza económica es probable que no haya ningún problema en el cumplimiento del mismo ( aunque lo que digo aquí vale para cualquier coyuntura económica), pero cuando hay crisis económica y el factor trabajo es abundante ( hay excedente ), y las empresas tienen márgenes menores, si cumplimos con el convenio, se da la paradoja, que el trabajador puede cobrar más de lo que produce (uniendo al salario del convenio los impuestos al trabajo vía Seguros Sociales, etc.). Por lo tanto el empresario tiene dos soluciones, o bien incumple el convenio o bien no contrata. Ambas son negativas para el empresario y para el trabajador. Si no cumple el convenio será negativa para el empresario porque podrá ser demandado en cualquier momento, y para el trabajador porque se siente engañado, estafado. Si por el contrario no contrata la mano de obra necesaria para la producción es negativo para el empresario porque tiene que buscar el recurso que necesita de otra forma (externalizándolo fuera del  país, trabajando él más horas - piensen en una pequeña empresa familiar - o dejando de producir) y para el trabajador porque no encuentra trabajo, no es contratado. Existen otros aspectos de los convenios colectivos, no sólo los puramente salariales que no contemplan la realidad de la empresa, como las medidas de seguirdad a tomar, las sanciones, etc. Pero no voy a entrar hoy en este tema. Con este botón de muestra creo que es suficiente.

Otro aspecto a mejorar sería los salarios de tramitación. Cuando se habla del abaratamiento del despido, se piensa siempre en los famosos 45 días por año trabajado, pero en la mayoría de los casos ( excepto que el trabajador lleve muchos años en la empresa), el coste mayor son los salarios de tramitación. Para quien no esté al día en el concepto, se trata de los salarios que el trabajador ha dejado de percibir y que el empresario tendrá que abonar, en el caso de un despido que es declarado improcedente. Y los tendrá que abonar desde la fecha en la que se produjo el despido hasta la fecha en la que se dicte la sentencia (aquí tiene el empresario la opción de la readmisión o el pago de la indemnización y los salarios de tramitación). Todo coste adicional que se le impute al factor trabajo el empresario ha de contabilizarlo hora a hora y compararlo con lo que produce el trabajador. De la diferencia de ambos ítems sale el beneficio empresarial sobre el factor trabajo, y mientras más alto sea el coste más ha de producir el trabajador para que el empresario decida contratar. Por ejemplo: una empresa pequeña ( como la mayoría que sostiene este país), con un autónomo ( el empresario) y dos trabajadores, que se dedican a la confección de  muebles de madera. Si la empresa comienza a prosperar y reciben más encargos que no puede asumir con los trabajadores actuales, el empresario acude al mercado de trabajo en busca de mano de obra. Cuando lo hace tiene que calcular cuanto cuesta este factor. Cuanto le va a costar su contratación. Y en el coste ha de incluir, si hace las cosas bien, no sólo los costes de salarios e impuestos del trabajo, sino también aquellos costes como el despido o los posibles salarios de tramitación, así como las bajas laborales, las vacaciones, etc. Mientras más suba este coste más ha de producir el trabajador en el mismo tiempo de trabajo ( más productivo ha de ser) para que el empresario decida contratarlo y acometer el pedido por el cual buscó mano de obra. Como los costes son cada vez más altos, el empresario decide no contratar al trabajador y o bien hace horas extras él y los trabajadores actuales para acometer el pedido, o bien contrata a un trabajador bajo convenio, con el riesgo de la denuncia y posterior desembolso de aún más dinero.  En definitiva, todo coste adicional al salario va a mermar, en última instancia, el número de empleados que la empresa tenga y agregadamente el número de parados de la economía.

Otro aspecto importante son los contratos de trabajo. En España hay infinidad de modelos de contratos de trabajo: fijos, fijos discontinuos, por otra o servicio, eventuales, de sustitución, prácticas, a tiempo parcial, etc. El entramado de contratos que existe en la legislación simplemente es inútil. No sirve en absoluto para nada. Cualquier empresario que contrate a un trabajador con un contrato eventual sin causa es inmediatamente fijo. Sería, desde mi modesto punto de vista, mucho más efectivo que existiese un único contrato de trabajo, en el que se reflejan las condiciones para las que se va a contratar al trabajador. Trabajador y empresario pactan sus condiciones libremente en un documento por el tiempo que se estime pertinente y bajo las condiciones que se establezcan entre ambos.
La multitud de contratos lleva a que se hable de precariedad, eventualidad, etc. Conceptos que no hacen más que reflejar una realidad. El empresario tiene miedo de hacer a un trabajador indefinido porque no sabe qué va a pasar en el futuro. No sólo con respecto al negocio en sí, sino con respecto al propio trabajador. Es normal que un trabajador comience su producción en una empresa a un buen ritmo y que con el paso del tiempo vaya bajando su productividad por muy diversos motivos. El empresario teme, y por tanto contrata de forma temporal, la mayor de las veces de forma fraudulenta ( tema que no voy a tratar aquí ahora), por lo que se ven perjudicados el trabajador, porque no tiene estabilidad, y el empresario porque no tiene seguridad.
Un único contrato en el que se pactaran las condiciones laborales específicas del puesto de trabajo sería lo más adecuado y más acertado cara a la productividad del trabajador, y a las características del puesto y de la empresa en concreto.

He tratado sólo tres aspectos del mercado de trabajo. Si el temas es de interés seguiré otro día con otras propuestas. En apariencia he beneficiado en todo caso al empresario con estas medidas, pero nada más lejos de la realidad. A ningún empresario le gusta tener que despedir a personal, a ningún empresario le gusta tener que incumplir la ley o tener que hacer que los actuales trabajadores y él mismo hagan horas extras para cubrir ciertos pedidos. Si el mercado fuera más flexible, en el sentido aquí expuesto, el número de empleados contratados aumentaría y qué mejor política social que tener empleo, qué medida mejor para el trabajador que tener trabajo...

Muchas gracias y un cordial saludo a todos.