Aído pretende llevar el feminismo radical a las relaciones laborales

Es algo muy habitual entre los progres pensar que determinados colectivos (minorías religiosas, inmigrantes, homosexuales, mujeres,...) son incapaces de valerse por sí mismos y de conseguir nada si no es estando bajo su tutela. Por desgracia, ya, en el país de chirigota que están diseñando Zapatero y sus progres, ciertas noticias no son motivo de sorpresa: Bibiana Aído, ministra de Igualdad, la ignorancia y el analfabetismo hechas persona, pretende llevar la ideología feminista radical a la reforma laboral que (supuestamente) están negociando el gobierno progre que padecemos junto con la patronal y los sindicatos subvencionados.

En una nueva ofensiva intervencionista y liberticida en el terreno empresarial, el documento de trabajo elaborado por el departamento ministerial que dirige el inefable Celestino Corbacho, incluye varias medidas para obligar a los emprendedores a contratar mujeres, poniendo en un segundo plano la profesionalidad como factor clave para incorporar trabajadores a las compañías. Es de recordar que el Ministerio de Trabajo no es la primera vez que absorbe las peculiares teorías de Aído. Hace varias semanas, la Secretaria General de Empleo, Maravillas Rojo, hablaba del efecto positivo de la crisis económica, al haber conseguido que el paro masculino supere al femenino. Cada 22 de febrero, se convocan actos en los que lanzan mensajes propagandísticos con motivo de la celebración del "Día Europeo de la Igualdad Salarial", proclamándose la falacia de que las mujeres tienen sueldos inferiores a los de los hombres por el machismo imperante en la sociedad.

En concreto, esta totalitaria medida estaría destinada a los contratos en prácticas: si una empresa quiere contratar empleados en prácticas, deberá tener el mismo número de chicas que de chicos con una edad comprendida entre 21 y 24 años. Todo ello sin despedir a ningún trabajador, ya que el Ejecutivo prohíbe que los nuevos contratos de formación "conlleven efecto sustitución". Es decir, si contrata a un chico, forzosamente deberá contratar a una chica para no romper la paridad. Más aún, una vez que el trabajador supere el proceso de aprendizaje, el empresario tendrá una mayor bonificación del sector público si decide contratar a mujeres, desapareciendo incluso el criterio de paridad, siendo más barato contratar a una chica que a un chico.

Lo dicho: una chica joven parece ser que, para estos ingenieros sociales, es incapaz de conseguir un empleo, si no es forzando coactivamente al propietario de una empresa privada a contratarla. Según estos iluminados, si es un empresario masculino, su machismo (obviamente, si es un hombre, será machista, más aún en cuanto que, al no ser Zapatero y, peor, ser un emprendedor, no será ni rojo, ni utópico, ni feminista, ni justiciero de las mujeres) le llevará a no contratar a una mujer aunque esté mejor cualificada que un hombre, optando siempre, en ese caso, por el segundo. Parece una idiotez, pero es la peculiar ideología de estos sujetos, que impregna hasta la médula al gobierno más inepto, extraño y pintoresco que, no sólo España, sino Europa entera habrá conocido en décadas. Es el ideario, por ejemplo de Salgado, esa incompetente criatura, balbuceante en la tribuna del Congreso mientras defendía su proyecto de Presupuestos Generales, quien achaca las críticas a su inutilidad al "machismo".
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Feminismo radical: el enemigo de las mujeres

En las horas previas a la Nochebuena hemos tenido ocasión de escuchar una serie de declaraciones como para estar convencidos de que estamos metidos hasta el cuello en el fango de lo absurdo.

Todo comienza con unas declaraciones del magistrado-juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Sevilla, Francisco de Asís Serrano Castro, en las que se refirió al disparate que supone el doble rasero que introdujo en su momento la Ley de Medidas contra la Violencia de Género de 2.004, dependiendo de si el agresor es hombre o mujer, así como la multitud de casos de denuncias falsas por parte de mujeres o las silenciadas muertes de hombres que también causa la violencia domestica.

Algo de puro sentido común. Si la discriminación positiva (por más que, en algunos casos, pudiera ser bienintencionada) es algo rechazable de plano, más aún, si cabe, debe serlo en materia penal, donde nos lleva al auténtico disparate de que un mismo delito merezca distinta calificación y pena dependiendo... ¡del sexo del autor!

Pero con la dictadura silenciosa que no es que esté llegando, sino que ya nos tiene impregnados de ella hasta los huesos, hemos topado. Una veintena de organizaciones feministas (entre ellas la Federación de Mujeres Progresistas, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas y el Departamento Confederal de la Mujer de UGT, etc.) se han lanzado a la carga por medio de una campaña para denigrar públicamente a Francisco Serrano, llegando a elevar un escrito de queja al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, en el que solicitan la apertura de un expediente disciplinario por causa muy grave. Quien ha llegado más lejos ha sido la representante de la Federación de Mujeres Progresistas afirmó en su intervención que el juez Serrano, "amparándose en los medios, sigue haciendo daño a las mujeres puesto que se comporta como cualquier maltratador". Pero no se ha quedado corta la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez, al afirmar que las razones por las que se ha puesto en marcha esta petición de investigación contra el magistrado es determinar si "los presupuestos básicos emocionales de su ideología personal le permiten ponderar con racionalidad la temática social de la violencia de género de que se ocupan los Juzgados de Familia de España". Es decir, averiguar si Serrano no está bastante identificado con la ideología de género más radical como para ser juez de familia. Las feministas radicales dicen que el juez preside la Asociación Española Multicidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Parentales (ASEMIP), que vinculan con los grupos de hombres que para defenderse de una imputación de maltrato acusan a sus parejas de manipular a sus hijos para que pierdan su custodia.

Los hechos son los que son, les guste o no a las representantes de estos colectivos: de los 9.800 procedimientos que se incoaron en 2.008 en Andalucía por esta causa, más de un 90 por ciento se han archivado o han acabado en absolución. Esto no es una opinión personal del juez Serrano, sino un dato de la propia Fiscalía. Naturalmente, el juez Serrano es el primero en admitir que, en algunos casos, la falta de condena podría deberse, no a que la denuncia fuera falsa, sino a la falta de pruebas. Sin embargo, que también hay mujeres que se inventan esos malos tratos, bien sea por despecho, bien sea para mejorar las condiciones del divorcio, perjudicando, por otro lado, a quienes verdaderamente hayan sido víctimas de los mismos, ante el colapso judicial que crean.

Nuevamente queda de manifiesto lo que es este nuevo feminismo radical, al que alguna vez he tenido ocasión de referirme, tan distinto del feminismo clásico que tantas conquistas consiguió, consagrado en nuestra legislación, por primera vez, en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la cual define el maltrato a la mujer como “las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los CONDICIONANTES SOCIOCULTURALES QUE ACTÚAN SOBRE EL GÉNERO MASCULINO Y FEMENINO, SITUÁNDOLA EN UNA POSICIÓN DE SUBORDINACIÓN AL HOMBRE”; mientras que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, afirma sin ningún pudor en su Exposición de Motivos que “el pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, aquella “perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros”, en palabras escritas por John Stuart Mill hace casi 140 años, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos”.

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Es decir, en estas dos leyes, en la primera se afirma solemnemente que la mujer es un ser en una posición tradicionalmente “subordinada” al hombre, situación ante la cual, para la segunda, la plena igualdad de toda persona ante la ley sin ningún tipo de discriminación, el principio básico de todo Estado de Derecho, no es suficiente, puesto que el hombre, habitualmente, tratará a las mujeres de forma discriminatoria con respecto a él. Para este feminismo radical, será necesario crear una nueva desigualdad, que compense dicha desigualdad de origen: la igualdad ante la ley, al garete.

En este sentido, lo declarado por el juez Serrano no es más que otra realidad: las ideas del feminismo radical son seguidas al pie de la letra por esta disparatada legislación. La ley, al hablar de violencia de género, se refiere exclusivamente al maltrato de los hombres contra las mujeres. Cuando se habla de medidas preventivas, de apoyo y de reinserción social sólo se considera posibles beneficiarias a las mujeres. Según el legislador, o no hay hombres que sufren agresiones o no merecen esas ayudas. Ello, aparte de las penas mucho más graves si los maltratadores son hombres que si son mujeres. Cuestión distinta, igualmente, es que tampoco guste a los colectivos feministas que esta verdad salga a la luz.

Como tampoco les gustará que se conozca, aunque sea un secreto a gritos, que la Ley de Medidas contra la Violencia de Género se está revelando totalmente ineficaz a la hora de erradicar la lacra de la violencia en el ámbito familiar, la cual, antes al contrario, sigue aumentando sin parar. Nadie duda de que hay que combatir esta plaga que supone la violencia contra las mujeres, pero no discriminando a los hombres. No eran leyes discriminatorias hacia los hombres, sino más medios tanto para las fuerzas de seguridad como para los órganos judiciales lo necesario.

Pero no es evitar las situaciones de violencia contra las mujeres ni apoyar a las víctimas de las mismas, el fin último de esta ideología feminista radical. Al igual que el progresismo y el neoecologismo, no es más que un sucedáneo, adaptado a estos tiempos, de aquello que quedó hecho añicos entre los cascotes del Muro de Berlín y su objetivo no es otro más que trasladar el viejo concepto marxista de lucha de clases al ámbito familiar, y que el gobierno progre que padecemos está implantando con la ideología de género. Ya dijo Zapatero, orgullosamente, en una entrevista concedida a la revista Marie Claire, ser "rojo", "utópico" y "feminista" y recordó, especialmente emocionado, como, en los pasillos de la ONU, una mujer mexicana le espetó: "Usted es el justiciero de las mujeres". El gobierno progre que padecemos lleva la ideología radical de género a todos los ámbitos. Gente con tan escasa capacidad y tan tosca y limitada intelectualmente hablando como Bibiana Aído, Elena Salgado o Leire Pajín ni en sus mejores sueños se hubiera visto ocupando los cargos que ocupan si no fuera por el sistema de cuotas femeninas obligatorias que defiende esta sectaria ideología, nacida de unos rescordos totalitarios, implantada por hombres que piensan que para que las mujeres progresen es necesario discriminar a otros hombres, puesto que ellas, de otro modo, es absolutamente imposible que prosperen en la vida. Una intolerante ideología marxista de sexos en el ámbito de las relaciones familiares que odia la libertad como pocas y cree como pocas en la incapacidad del individuo (en este caso mujer) para tener éxito al margen de las graciosas concesiones y migajas que le arroje el Estado.