En las horas previas a la Nochebuena hemos tenido ocasión de escuchar una serie de declaraciones como para estar convencidos de que estamos metidos hasta el cuello en el fango de lo absurdo.
Todo comienza con unas declaraciones del magistrado-juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Sevilla, Francisco de Asís Serrano Castro, en las que se refirió al disparate que supone el doble rasero que introdujo en su momento la Ley de Medidas contra la Violencia de Género de 2.004, dependiendo de si el agresor es hombre o mujer, así como la multitud de casos de denuncias falsas por parte de mujeres o las silenciadas muertes de hombres que también causa la violencia domestica.
Algo de puro sentido común. Si la discriminación positiva (por más que, en algunos casos, pudiera ser bienintencionada) es algo rechazable de plano, más aún, si cabe, debe serlo en materia penal, donde nos lleva al auténtico disparate de que un mismo delito merezca distinta calificación y pena dependiendo... ¡del sexo del autor!
Pero con la dictadura silenciosa que no es que esté llegando, sino que ya nos tiene impregnados de ella hasta los huesos, hemos topado. Una veintena de organizaciones feministas (entre ellas la Federación de Mujeres Progresistas, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas y el Departamento Confederal de la Mujer de UGT, etc.) se han lanzado a la carga por medio de una campaña para denigrar públicamente a Francisco Serrano, llegando a elevar un escrito de queja al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, en el que solicitan la apertura de un expediente disciplinario por causa muy grave. Quien ha llegado más lejos ha sido la representante de la Federación de Mujeres Progresistas afirmó en su intervención que el juez Serrano, "amparándose en los medios, sigue haciendo daño a las mujeres puesto que se comporta como cualquier maltratador". Pero no se ha quedado corta la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez, al afirmar que las razones por las que se ha puesto en marcha esta petición de investigación contra el magistrado es determinar si "los presupuestos básicos emocionales de su ideología personal le permiten ponderar con racionalidad la temática social de la violencia de género de que se ocupan los Juzgados de Familia de España". Es decir, averiguar si Serrano no está bastante identificado con la ideología de género más radical como para ser juez de familia. Las feministas radicales dicen que el juez preside la Asociación Española Multicidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Parentales (ASEMIP), que vinculan con los grupos de hombres que para defenderse de una imputación de maltrato acusan a sus parejas de manipular a sus hijos para que pierdan su custodia.
Los hechos son los que son, les guste o no a las representantes de estos colectivos: de los 9.800 procedimientos que se incoaron en 2.008 en Andalucía por esta causa, más de un 90 por ciento se han archivado o han acabado en absolución. Esto no es una opinión personal del juez Serrano, sino un dato de la propia Fiscalía. Naturalmente, el juez Serrano es el primero en admitir que, en algunos casos, la falta de condena podría deberse, no a que la denuncia fuera falsa, sino a la falta de pruebas. Sin embargo, que también hay mujeres que se inventan esos malos tratos, bien sea por despecho, bien sea para mejorar las condiciones del divorcio, perjudicando, por otro lado, a quienes verdaderamente hayan sido víctimas de los mismos, ante el colapso judicial que crean.
Nuevamente queda de manifiesto lo que es este nuevo feminismo radical, al que alguna vez he tenido ocasión de referirme, tan distinto del feminismo clásico que tantas conquistas consiguió, consagrado en nuestra legislación, por primera vez, en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la cual define el maltrato a la mujer como “las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los CONDICIONANTES SOCIOCULTURALES QUE ACTÚAN SOBRE EL GÉNERO MASCULINO Y FEMENINO, SITUÁNDOLA EN UNA POSICIÓN DE SUBORDINACIÓN AL HOMBRE”; mientras que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, afirma sin ningún pudor en su Exposición de Motivos que “el pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, aquella “perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros”, en palabras escritas por John Stuart Mill hace casi 140 años, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos”.
Todo comienza con unas declaraciones del magistrado-juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Sevilla, Francisco de Asís Serrano Castro, en las que se refirió al disparate que supone el doble rasero que introdujo en su momento la Ley de Medidas contra la Violencia de Género de 2.004, dependiendo de si el agresor es hombre o mujer, así como la multitud de casos de denuncias falsas por parte de mujeres o las silenciadas muertes de hombres que también causa la violencia domestica.
Algo de puro sentido común. Si la discriminación positiva (por más que, en algunos casos, pudiera ser bienintencionada) es algo rechazable de plano, más aún, si cabe, debe serlo en materia penal, donde nos lleva al auténtico disparate de que un mismo delito merezca distinta calificación y pena dependiendo... ¡del sexo del autor!
Pero con la dictadura silenciosa que no es que esté llegando, sino que ya nos tiene impregnados de ella hasta los huesos, hemos topado. Una veintena de organizaciones feministas (entre ellas la Federación de Mujeres Progresistas, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas y el Departamento Confederal de la Mujer de UGT, etc.) se han lanzado a la carga por medio de una campaña para denigrar públicamente a Francisco Serrano, llegando a elevar un escrito de queja al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, en el que solicitan la apertura de un expediente disciplinario por causa muy grave. Quien ha llegado más lejos ha sido la representante de la Federación de Mujeres Progresistas afirmó en su intervención que el juez Serrano, "amparándose en los medios, sigue haciendo daño a las mujeres puesto que se comporta como cualquier maltratador". Pero no se ha quedado corta la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez, al afirmar que las razones por las que se ha puesto en marcha esta petición de investigación contra el magistrado es determinar si "los presupuestos básicos emocionales de su ideología personal le permiten ponderar con racionalidad la temática social de la violencia de género de que se ocupan los Juzgados de Familia de España". Es decir, averiguar si Serrano no está bastante identificado con la ideología de género más radical como para ser juez de familia. Las feministas radicales dicen que el juez preside la Asociación Española Multicidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Parentales (ASEMIP), que vinculan con los grupos de hombres que para defenderse de una imputación de maltrato acusan a sus parejas de manipular a sus hijos para que pierdan su custodia.
Los hechos son los que son, les guste o no a las representantes de estos colectivos: de los 9.800 procedimientos que se incoaron en 2.008 en Andalucía por esta causa, más de un 90 por ciento se han archivado o han acabado en absolución. Esto no es una opinión personal del juez Serrano, sino un dato de la propia Fiscalía. Naturalmente, el juez Serrano es el primero en admitir que, en algunos casos, la falta de condena podría deberse, no a que la denuncia fuera falsa, sino a la falta de pruebas. Sin embargo, que también hay mujeres que se inventan esos malos tratos, bien sea por despecho, bien sea para mejorar las condiciones del divorcio, perjudicando, por otro lado, a quienes verdaderamente hayan sido víctimas de los mismos, ante el colapso judicial que crean.
Nuevamente queda de manifiesto lo que es este nuevo feminismo radical, al que alguna vez he tenido ocasión de referirme, tan distinto del feminismo clásico que tantas conquistas consiguió, consagrado en nuestra legislación, por primera vez, en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la cual define el maltrato a la mujer como “las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los CONDICIONANTES SOCIOCULTURALES QUE ACTÚAN SOBRE EL GÉNERO MASCULINO Y FEMENINO, SITUÁNDOLA EN UNA POSICIÓN DE SUBORDINACIÓN AL HOMBRE”; mientras que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, afirma sin ningún pudor en su Exposición de Motivos que “el pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, aquella “perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros”, en palabras escritas por John Stuart Mill hace casi 140 años, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos”.
.
Es decir, en estas dos leyes, en la primera se afirma solemnemente que la mujer es un ser en una posición tradicionalmente “subordinada” al hombre, situación ante la cual, para la segunda, la plena igualdad de toda persona ante la ley sin ningún tipo de discriminación, el principio básico de todo Estado de Derecho, no es suficiente, puesto que el hombre, habitualmente, tratará a las mujeres de forma discriminatoria con respecto a él. Para este feminismo radical, será necesario crear una nueva desigualdad, que compense dicha desigualdad de origen: la igualdad ante la ley, al garete.
En este sentido, lo declarado por el juez Serrano no es más que otra realidad: las ideas del feminismo radical son seguidas al pie de la letra por esta disparatada legislación. La ley, al hablar de violencia de género, se refiere exclusivamente al maltrato de los hombres contra las mujeres. Cuando se habla de medidas preventivas, de apoyo y de reinserción social sólo se considera posibles beneficiarias a las mujeres. Según el legislador, o no hay hombres que sufren agresiones o no merecen esas ayudas. Ello, aparte de las penas mucho más graves si los maltratadores son hombres que si son mujeres. Cuestión distinta, igualmente, es que tampoco guste a los colectivos feministas que esta verdad salga a la luz.
Como tampoco les gustará que se conozca, aunque sea un secreto a gritos, que la Ley de Medidas contra la Violencia de Género se está revelando totalmente ineficaz a la hora de erradicar la lacra de la violencia en el ámbito familiar, la cual, antes al contrario, sigue aumentando sin parar. Nadie duda de que hay que combatir esta plaga que supone la violencia contra las mujeres, pero no discriminando a los hombres. No eran leyes discriminatorias hacia los hombres, sino más medios tanto para las fuerzas de seguridad como para los órganos judiciales lo necesario.
Pero no es evitar las situaciones de violencia contra las mujeres ni apoyar a las víctimas de las mismas, el fin último de esta ideología feminista radical. Al igual que el progresismo y el neoecologismo, no es más que un sucedáneo, adaptado a estos tiempos, de aquello que quedó hecho añicos entre los cascotes del Muro de Berlín y su objetivo no es otro más que trasladar el viejo concepto marxista de lucha de clases al ámbito familiar, y que el gobierno progre que padecemos está implantando con la ideología de género. Ya dijo Zapatero, orgullosamente, en una entrevista concedida a la revista Marie Claire, ser "rojo", "utópico" y "feminista" y recordó, especialmente emocionado, como, en los pasillos de la ONU, una mujer mexicana le espetó: "Usted es el justiciero de las mujeres". El gobierno progre que padecemos lleva la ideología radical de género a todos los ámbitos. Gente con tan escasa capacidad y tan tosca y limitada intelectualmente hablando como Bibiana Aído, Elena Salgado o Leire Pajín ni en sus mejores sueños se hubiera visto ocupando los cargos que ocupan si no fuera por el sistema de cuotas femeninas obligatorias que defiende esta sectaria ideología, nacida de unos rescordos totalitarios, implantada por hombres que piensan que para que las mujeres progresen es necesario discriminar a otros hombres, puesto que ellas, de otro modo, es absolutamente imposible que prosperen en la vida. Una intolerante ideología marxista de sexos en el ámbito de las relaciones familiares que odia la libertad como pocas y cree como pocas en la incapacidad del individuo (en este caso mujer) para tener éxito al margen de las graciosas concesiones y migajas que le arroje el Estado.
Es decir, en estas dos leyes, en la primera se afirma solemnemente que la mujer es un ser en una posición tradicionalmente “subordinada” al hombre, situación ante la cual, para la segunda, la plena igualdad de toda persona ante la ley sin ningún tipo de discriminación, el principio básico de todo Estado de Derecho, no es suficiente, puesto que el hombre, habitualmente, tratará a las mujeres de forma discriminatoria con respecto a él. Para este feminismo radical, será necesario crear una nueva desigualdad, que compense dicha desigualdad de origen: la igualdad ante la ley, al garete.
En este sentido, lo declarado por el juez Serrano no es más que otra realidad: las ideas del feminismo radical son seguidas al pie de la letra por esta disparatada legislación. La ley, al hablar de violencia de género, se refiere exclusivamente al maltrato de los hombres contra las mujeres. Cuando se habla de medidas preventivas, de apoyo y de reinserción social sólo se considera posibles beneficiarias a las mujeres. Según el legislador, o no hay hombres que sufren agresiones o no merecen esas ayudas. Ello, aparte de las penas mucho más graves si los maltratadores son hombres que si son mujeres. Cuestión distinta, igualmente, es que tampoco guste a los colectivos feministas que esta verdad salga a la luz.
Como tampoco les gustará que se conozca, aunque sea un secreto a gritos, que la Ley de Medidas contra la Violencia de Género se está revelando totalmente ineficaz a la hora de erradicar la lacra de la violencia en el ámbito familiar, la cual, antes al contrario, sigue aumentando sin parar. Nadie duda de que hay que combatir esta plaga que supone la violencia contra las mujeres, pero no discriminando a los hombres. No eran leyes discriminatorias hacia los hombres, sino más medios tanto para las fuerzas de seguridad como para los órganos judiciales lo necesario.
Pero no es evitar las situaciones de violencia contra las mujeres ni apoyar a las víctimas de las mismas, el fin último de esta ideología feminista radical. Al igual que el progresismo y el neoecologismo, no es más que un sucedáneo, adaptado a estos tiempos, de aquello que quedó hecho añicos entre los cascotes del Muro de Berlín y su objetivo no es otro más que trasladar el viejo concepto marxista de lucha de clases al ámbito familiar, y que el gobierno progre que padecemos está implantando con la ideología de género. Ya dijo Zapatero, orgullosamente, en una entrevista concedida a la revista Marie Claire, ser "rojo", "utópico" y "feminista" y recordó, especialmente emocionado, como, en los pasillos de la ONU, una mujer mexicana le espetó: "Usted es el justiciero de las mujeres". El gobierno progre que padecemos lleva la ideología radical de género a todos los ámbitos. Gente con tan escasa capacidad y tan tosca y limitada intelectualmente hablando como Bibiana Aído, Elena Salgado o Leire Pajín ni en sus mejores sueños se hubiera visto ocupando los cargos que ocupan si no fuera por el sistema de cuotas femeninas obligatorias que defiende esta sectaria ideología, nacida de unos rescordos totalitarios, implantada por hombres que piensan que para que las mujeres progresen es necesario discriminar a otros hombres, puesto que ellas, de otro modo, es absolutamente imposible que prosperen en la vida. Una intolerante ideología marxista de sexos en el ámbito de las relaciones familiares que odia la libertad como pocas y cree como pocas en la incapacidad del individuo (en este caso mujer) para tener éxito al margen de las graciosas concesiones y migajas que le arroje el Estado.
Bueno el feminismo radical ya no es ese feminismo que busca la igualdad entre hombre y mujer es el mismo feminismo radical el que quiere imponer su ideologia de genero favoreciendo solo a la mujer y discriminando a los hombres a la vez este feminismo radical es sexista y autoritario y solo le interesa defender los intereses de la mujer y no la del hombre ya que esta demostrado que este feminismo radical discrimina a los hombres quitandoles todo derecho y libertad de expresion imponiendo un matriarcado abusivo igual que el machismo yo rechazo el machismo pero tambien rechazo este feminismo radical que es igual de discriminatorio y abusivo que el machismo por eso le digo no al machismo y no al feminismo radical exijamos una verdadera igualdad entre hombre y mujer donde todos tengamos derecho y nos eamos discriminados por nuestro sexo ya que todo hombr ey mujer tiene derecho a la igualdad y a las oportunidades...
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarEl feminismo de ahora es una abuso institucionalizado y aceptado en nuestra sociedad ya que hoy estas pseudoleyes son justas con al violenc ia machista pero no son justas con la violencia feminista ya que hoy en dia no se permite que un hombre golpee, maltrate, o abuse, de una Mujer pero si se permite que una Mujer maltrate, y abuse de un Hombre lo cual eso es muy injusto y indignante ya que estas leyes no permiten que un hombre abuse de una mujer cosa que yo estoy de acuerdo pero con lo que no estoy de acuerdo es que estas leyes si permiten que las mujeres abusen de los hombres lo cual es repudiable y abusivo ya que estas leyes no son justas asi como no se permite que un hombre abuse de una mujer tampoco se deberia de permitir que una mujer abuse de un hombre ya qeu cada persona merece respeto hombre y mujer ya que de ninguna manera se debe de aceptar ningun tipo de violencia ya sea contra el hombre o contra la muejr las leyes deberian de ser justas y no ser comlices de la violencia y los abusos digamosle no a esta dictadura feminista ya que ningun tipod e violencia es buena venga de quien venga cada persona merece respeto por ello No al abuso..
ResponderEliminar