Artur Mas propone que el TC se declare incompetente para resolver sobre el Estatuto catalán

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Siendo bochornoso el retraso que arrastra el Tribunal Constitucional a la hora de pronunciarse sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, más aún lo son las presiones que, desde el nacionalismo catalán, está recibiendo este órgano. A pesar de que se suponía que CiU son los "moderados", futuribles aliados del PP en Cataluña y el Gobierno de la Nación, frente a la extrema radicalidad de PSC, ERC e ICV-EUiA, declaraciones como las de Puyol y Mas demuestran lo que son los catalanistas, por si no estaba suficientemente claro.

Jordi Puyol pareció tocar fondo, al decir que Cataluña "no tiene por qué respetar" al Tribunal Constitucional en su dictamen sobre el Estatuto, pero su delfín, Artur Mas, le ha superado al exigir que el Constitucional poco menos que se declare incompetente "para juzgar la constitucionalidad" de las normas vigentes. Así dijo este individuo, el miércoles por la noche, en el programa de TVE "59 segundos", con la excusa de que lo votado por el pueblo "tiene que ir a misa", porque "si no se va a pique" la esencia de la democracia: el voto.

O sea, que, según Mas, todo lo que se vote en un parlamento o en un referéndum debe ir para adelante, se ajuste o no se ajuste a Derecho y, especialmente, a la principal norma del ordenamiento jurídico, que es la Constitución. Recibir el voto es un cheque en blanco para aquel que haya recibido el beneplácito de las urnas, quien podría vulnerar sistemáticamente la legalidad puesto que, de ser sometido a algún tipo de control o fiscalización, se estaría hurtando la voluntad popular. Algo más propio de una república bolivariana, como la de Chávez, o la de una dirigida por un hijo de la Pachamama, como la de Evo Morales. Beneplácito de las urnas, a todo esto, que fue sólo de un tercio de los catalanes con derecho a voto y con una abstención superior al 50% en el referéndum de ratificación del Estatuto, pero eso es otra cuestión.

Más aún, además de populista, ¿tan ignorante es en realidad este hombre? Exigir al Tribunal Constitucional que se auto declare incompetente para "juzgar la constitucionalidad" del Estatuto es sugerir que los magistrados que lo componen perpetren un delito de prevaricación. El Tribunal Constitucional no es que pueda juzgar normas aprobadas por refrendo popular, es que desde la eliminación del recurso previo de inconstitucionalidad, los únicos estatutos cuya constitucionalidad puede juzgar son precisamente aquellos que han sido aprobados por mayoría en refrendo popular. Y esto es así por la sencilla razón de que si no cuentan con ese apoyo no llegarían a ser aprobados y, por tanto ya no sería necesario que el Tribunal se pronunciara sobre ellos.

En lugar de dedicarse a lanzar estas proclamas, Mas podría presentar una iniciativa parlamentaria para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad , desactivado mediante la Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio, si tanto le molesta que el Constitucional resuelva sobre una norma ya aprobada. Recordar que este recurso fue introducido en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, reguladora del Tribunal Constitucional, con la posibilidad de recurrir estatutos de autonomía y leyes orgánicas de manera que se paralizara su entrada en vigor hasta que los magistrados dieran su dictamen. Aquel era un mecanismo adecuado para evitar abusos de poder y asegurarse un veredicto del Constitucional ante leyes de especial relevancia, antes de su aprobación y entrada en vigor. Pero aquí, como en otras cosas, con el PSOE topamos. Dos años después de la arrolladora mayoría absoluta de 1982 (202 diputados), los socialistas se encontraron con una incómoda traba que les ocasionaba continuos retrasos en sus proyectos de ingeniería social y en sus leyes estrella. Es lo que ocurrió con la despenalización del aborto en los tres supuestos que contemplaba la Ley, antes de su conversión en "derecho" por parte del tándem Zapatero-Aído, aprobada por el Congreso en 1983, ante la cual, Alianza Popular respondió con un recurso previo de inconstitucionalidad que paralizó su implantación durante dos años. La norma no se aprobaría definitivamente hasta junio de 1985, después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el proyecto original y se incorporaran algunos cambios. El PSOE llevó al Congreso, en octubre de 1984, la derogación del recurso, haciéndose realidad esta modificación en la mencionada Ley Orgánica 4/1985, en cuyo Preámbulo se dice que: "La experiencia acumulada por más de tres años de justicia constitucional ha venido a mostrar que este recurso previo se ha configurado como un factor distorsionador de la pureza del sistema de relación de los poderes constitucionales del Estado, con consecuencias inesperadas y metaconstitucionales en la ultima fase de procedimiento de formación de la ley". Pese al enconado debate que mantuvo la oposición frente al Gobierno del PSOE, allá por 1984, el PP no percibió, cuando gobernó con mayoría absoluta, la trascendencia futura que podía haber tenido en el futuro este recurso para una verdadera regeneración democrática, pudiendo haberlo repuesto mediante Ley Orgánica. Hoy vemos como la Constitución prácticamente se deja en papel mojado mediante la aprobación de Estatutos de Autonomía de dudosa conformidad con la misma, mediante la mayoría simple del Congreso, con el PP oponiéndose con grandes dificultades o, incluso, colaborando en el proceso, como en el caso de Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana.

Pero, esta cuestión aparte, lo de Artur Mas sí que es una rebelión en toda regla, no la "rebelión" cívica mediante recogida de firmas planteada por Esperanza Aguirre frente a la subida del IVA y que tanto preocupa al PSOE.
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Federalismo y tradicionalismo: un desafío a la nación española

En The Myths and Realities of Nation-Building in the Iberian Peninsula, Angel Smith y Clare Mar-Molinero aportan su visión sobre los movimientos nacionalistas y sus contribuciones en España y Portugal, el surgimiento de los nacionalismos periféricos y las distintias identidades nacionales y su desarrollo en España y Portugal.

En primer lugar, destacan el fracaso del proyecto liberal a la hora de crear un Estado-Nación español:

As Alvarez Junco emphasises, in Spain, as throughout the rest of Europe, the nation-state-building process was carried through by liberal politicians who needed to construct new legitimacies following the overthrow of absolutism. Liberal regimes governed in Spain between 1833 and 1923. However, their nationalising policies were a shadow of those pursued by the mayor Western European powers. In the first place, the poverty of the Spanish State, poor communications, the inadequate education system and a restricted cultural market ensured that the construction of a national identity out of a multiplicity of local references was very incomplete. Furthermore, the dominant liberal tradition proved enormously conservative, and its power-base rested on local oligarchs rather than on sections of public opinion. Consequently, it preferred to try to maintain the traditional legitimation provided by the Catholic Church rather tahn resorting to the dangerous game of mobilising the masses behind nationalist goals.¹

Ya desde mediados del siglo XIX podemos observar como se pone en duda este concepto de España centralizada. Por un lado, desde la izquierda, encontramos oposición por parte de liberales:

On the Left, many progressive liberals came to adopt federalism as their creed, and between 1868 and 1873, under the influence of Proudhonian doctrines the first major republican party called itself the Federal Republican Party. Its leading thinker, Francesc Pi i Margall, saw Spain as the nation, but believed that it should be reconstructed on the basis of its 'old provinces', which had retained their individuality and should therefore be given a high degree of autonomy.² These federalists were not, then, nationalists avant la lettre, but in recognising the personality of the regions they could help lay the basis for future particularist and nationalist thought (López Cordón 1975; Trías and Elorza 1975). This was very clear in the case of Catalonia where in the 1880s the ex-federalist, Valentí Almirall, developed a programme in favour of Catalan autonomy (Trías Vejerano 1975; Figueres 1990).


2. Pi stated, 'almost all of them were nations in their day. They still retain their specific physiognomy and some are distinguished from the rest by the particulary and unity of their language, customs and laws' (Pi i Margall 1877, 1936 edn: 274).²

Por otro lado, desde la derecha, encontramos la oposición de conservadores y tradicionalistas:

On the Right, traditionalist and conservative thinkers also criticised liberal centralism, contrasting it with reference to the supposed liberties of 'the peoples' of Spain in the Middel Ages (Mañé y Flaquer 1886), and therefore supported the claim for the restitution of medieval privilegies such as the fueros, and the descentralisation of the state administration.³ The traditionalist, particularist current, which drew on the writings of Le Play and Taine, was especially pronounced in the Basque Country and Catalonia, but was also to be found in Galicia, Valencia and Aragon (Solé Tura 1974: 55-94: Cirujano Marín, et al. 1985: 127; Riquer 1987:78-84). In the Basque Country, where the fueros were not abolished until 1876, they were strongly defended by the tradicionalist-Catholic Carlists and lated by middling landowners (the jauntxos), whose local power they had protected. Jacier Corcuera argues that both these movements tended to foster a 'pre-nationalist' consciousness in sectors of the population because they created an 'us' and 'them' mentality, in which the 'them' could be identified with Castilian liberalism (Corcuera Atienza 1979: 51-8, 180-4).


3. The traditionalist historian, Victor Gebhardt, argued in favour of 'the right which Catalonia, Navarre, the Basque provinces and the other regions of Spain which feel at ease with the remains of their national existence have to live their own lives' (Cirujano Marín et al 1985: 129). In quite similar terms the conservative representative of Catalan industrial interests, Juan Mañé y Flaquer, stated in 1855: 'Spain is a federation of peoples (pueblos, of nationalities, of distinct races, with different traditions, different customs and different languages' (Riquer 1987:78-9).³

En tercer lugar, encontramos una contestación de carácter pan-Ibérico:

At the same time, the republicans also championed the possible future unification of the Iberian peoples in a single confederation. This was supported most enthusiastically by the federalists, and was justified in ethnic and historical terms with the claim that the Iberian Peninsula had constituted a single Iberian race before the Roman invasion (Cirujano Marín, Elorriaga Planes and Pérez Garzón 1985: 87-8)⁴

Por tanto, puede observarse que en España, durante la segunda mitad del siglo XIX, la visión liberal centralista fue ampliamente cuestionada. A pesar de que el Estado liberal consiguió la lealtad de gran parte de la intelectualidad del siglo XIX en la conceptualización dominante conservadora-liberal de la nación, falló a la hora de intentar lograr el apoyo de las clases subalternas, permitiendo la aparición de ideologíass antagónicas. Además, las diversas memorias históricas y tradiciones abonaron el terreno para la aparición de una producción cultural regional que casaba con dificultad con los mitos de la nación española.

[1] Clare Mar-Molinero, Angel Smith, Nationalism and the Naion in the Iberian Peninsula: Competing and Conflicting Identities (Oxford: Berg, 1996), p.3.
[2] Ibid, p.5.
[3] Ibid, p.6.
[4] Ibid, p.5.

Publicado originalmente en humano sin sentido

Los toros y el nacionalismo catalán

Este fin de semana, el nacionalismo catalán ha dado otra muestra de su "concienciación" con los problemas que preocupan a diario a la gente de Cataluña. Ahora ha tocado debatir sobre la prohibición de las corridas de toros.

Vaya por delante que no soy muy taurino y que es totalmente legítimo considerar las corridas de toros como un espectáculo cruel y desagradable, tanto como el respeto a los aficionados a la tauromaquia, pero no hay que ser un lince para saber que detrás de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide prohibir los toros, avalada por 180.000 firmas, que el Parlamento de Cataluña aceptó debatir por 67 votos a favor y 59 en contra en una votación secreta, no se encuentra la compasión por el sufrimiento de un animal. Puesto que, por ejemplo, en modo alguno se debate sobre las condiciones en que los animales son sacrificados en los mataderos o, sin ir más lejos, y sin salir del todo del mundo taurino, sobre el espectáculo de los "correbous", típico de muchas poblaciones catalanas, en el que el toro es atado a un poste para colocarle antorchas en los pitones, y más tarde verle correr despavorido por su temor natural al fuego mientras las brasas le caen en los ojos como tortura añadida. Un espectáculo, indudablemente, mucho más cruel con el animal que la lidia tradicional, sometida a un ritual perfectamente delimitado y de obligado cumplimiento para los matadores. En esta iniciativa, lo que priman son las ansias de regular coactivamente sobre todo y sobre todos, como si las personas fueran incapaces de decidir y elegir por sí mismas, y las de borrar de Cataluña una cosa más que huela a "española". Porque, en este caso, a los nacional-progres de Cataluña lo que molesta y desagrada, seamos claros, no es la crueldad con un animal, sino el calificativo de "nacional" que tiene para mucha gente la fiesta de los toros.

La votación electrónica y secreta impidió conocer el voto de cada diputado, si bien ERC e ICV-EUiA se habían manifestado a favor de que la cámara debatiera la abolición, PP y Grupo Mixto defendieron lo contrario, y CiU y PSC dieron a sus parlamentarios libertad de voto. Curiosamente, en el caso del aborto, los diputados del PSC no han tenido libertad de voto y han tenido que seguir la disciplina de partido, como si la vida de un toro fuera más importante que la de un no nacido.

Si la iniciativa legislativa popular sale adelante y es finalmente aprobada, las corridas de toros quedarán terminantemente prohibidas en el territorio de la comunidad autónoma catalana. Los organizadores de festejos taurinos en zonas limítrofes a Cataluña, a buen seguro, conociendo el gran arraigo de los toros allí, se forrarán. Unos beneficios de la fiesta que, por supuesto, no revertirán en Cataluña pero, para el nacionalismo, ¿qué es eso, al lado de la "construcción nacional"?

El polvo del camino

De esas cosas que una ha oído en casa alguna vez en la tierna infancia y que, vaya usted a saber por qué, le quedan grabadas en la memoria, está esa que asegura que allá por donde pasaba Atila no volvía a crecer la hierba. La imagen, asociada a esta frase, que se dibujaba en mi mente de niña era la de cientos de jinetes cabalgando bestialmente por una pradera que quedaba asolada por completo y sin una triste brizna de verde con que adornarse tras la cabalgada. Por el contrario, todo se tintaba de tonos amarillentos, incluido el polvo levantado por las pezuñas equinas que a penas sí dejaba entrever el lamentable final de lo que antes fue bello.

Supongo que por un paraje tal es por el que Conde Pumpido pretendía arrastrar su toga y la de sus fiscales y, tal vez por puro corporativismo -el del color negro, digo-, se han decidido las sotanas a transitar por esas tierras de camino incierto merced a la invisibilidad con la que el polvo esconde baches y quebrados. Negra, desde luego, y polvorienta debe de ser la vocación de esos sacerdotes guipuzcoanos que han firmado un manifiesto en el que ponen en duda la idoneidad del nuevo obispo que les ha destinado Roma.

Allá ellos si al final de la tortuosa senda por la que les place caminar encuentran un abismo que, oculto tras la polvareda, no puedan evitar y acaban despeñados como la piara de cerdos en la que el espíritu maligno se refugió cuando fue expulsado por Jesucristo de aquel pobre endemoniado, según cuentan los Evangelios. Desde luego, y mientras esperamos sentados a que el polvo se disipe para comprobar qué ha sido de ellos, lo que sí podemos oír en ese manifiesto son los mismos gritos que pedían a Pilatos que soltara a Barrabás y crucificara al Nazareno, encarnado ahora en un tal José Ignacio Munilla.

Cataluña. Discursos actuales y voces del pasado

(El Liberal Autodidacta)

La semana pasada fue noticia una vez más el Estatuto de Cataluña. Carod Rovira declaraba: "Si hay una modificación de lo que dijo la soberanía popular, yo creo que sería un hecho de una gravedad extraordinaria porque nadie en democracia está capacitado ni tiene legitimidad para modificar una decisión que es el resultado de la soberanía popular". Después de afirmar que consideraba el Estatuto constitucional, agregó: "Si no cabe, es Cataluña la que no cabe en el marco constitucional. Y el problema fundamental lo tiene España, no Cataluña. Son las instituciones españolas las que tienen que decidir qué quieren hacer con Cataluña, qué futuro prevén para Cataluña. Si tal como somos y votamos democráticamente no cabemos, sólo nos dejan abierta una puerta". Días más tarde, doce periódicos catalanes publicaban una editorial conjunta.

Todo esto evoca voces del pasado. El 12 de abril de 1934 el Parlamento de Cataluña aprueba la Ley de Contrato de Cultivos. Ésta concedía a agricultores catalanes no propietarios el derecho a adquirir la propiedad de la tierra que cultivaban pagando una indemnización a los propietarios de las mismas. El 8 de junio de 1934, el Tribunal de Garantías de la República determinó por 13 votos a favor y 10 en contra que dicha ley era contraria a la Constitución. Como reacción a lo anterior, al día siguiente, periódicos catalanes publicaban en sus páginas: “El Parlamento catalán, que es soberano, responderá a España” (…) ¡No somos más que catalanes!”. “No acataremos la decisión”. El día 11 de junio, Companys, también líder de Esquerra Republicana de Cataluña, declaró en un mitin “El fallo (…) es la culminación de una ofensiva contra Cataluña, un acto de agresión (…) contra Cataluña (…) Obliga a todos los que no han llegado a perder el recuerdo de que son hijos de esta tierra generosa y altiva a (…) defender su prestigio con la sangre de sus venas (…) Hemos de fortalecer nuestro espíritu y decirnos cada día, de cara a nuestro deber presente, que puede convertirse en histórico: Yo soy catalán, soy un buen catalán (…) y tal vez yo os diré a todos: ¡Hermanos, seguidme!(1) Y toda Cataluña se levantará”. Unos cuatro meses más tarde, el 6 de octubre, el mismo Lluís Companys, presidente de la Generalidad de Cataluña, proclamaba el Estado Catalán dentro de la República Federal Española.



(1) Los orígenes de la Guerra Civil Española (pág. 328). Pío Moa. Ediciones Encuentro (1999)