Artur Mas propone que el TC se declare incompetente para resolver sobre el Estatuto catalán

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Siendo bochornoso el retraso que arrastra el Tribunal Constitucional a la hora de pronunciarse sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, más aún lo son las presiones que, desde el nacionalismo catalán, está recibiendo este órgano. A pesar de que se suponía que CiU son los "moderados", futuribles aliados del PP en Cataluña y el Gobierno de la Nación, frente a la extrema radicalidad de PSC, ERC e ICV-EUiA, declaraciones como las de Puyol y Mas demuestran lo que son los catalanistas, por si no estaba suficientemente claro.

Jordi Puyol pareció tocar fondo, al decir que Cataluña "no tiene por qué respetar" al Tribunal Constitucional en su dictamen sobre el Estatuto, pero su delfín, Artur Mas, le ha superado al exigir que el Constitucional poco menos que se declare incompetente "para juzgar la constitucionalidad" de las normas vigentes. Así dijo este individuo, el miércoles por la noche, en el programa de TVE "59 segundos", con la excusa de que lo votado por el pueblo "tiene que ir a misa", porque "si no se va a pique" la esencia de la democracia: el voto.

O sea, que, según Mas, todo lo que se vote en un parlamento o en un referéndum debe ir para adelante, se ajuste o no se ajuste a Derecho y, especialmente, a la principal norma del ordenamiento jurídico, que es la Constitución. Recibir el voto es un cheque en blanco para aquel que haya recibido el beneplácito de las urnas, quien podría vulnerar sistemáticamente la legalidad puesto que, de ser sometido a algún tipo de control o fiscalización, se estaría hurtando la voluntad popular. Algo más propio de una república bolivariana, como la de Chávez, o la de una dirigida por un hijo de la Pachamama, como la de Evo Morales. Beneplácito de las urnas, a todo esto, que fue sólo de un tercio de los catalanes con derecho a voto y con una abstención superior al 50% en el referéndum de ratificación del Estatuto, pero eso es otra cuestión.

Más aún, además de populista, ¿tan ignorante es en realidad este hombre? Exigir al Tribunal Constitucional que se auto declare incompetente para "juzgar la constitucionalidad" del Estatuto es sugerir que los magistrados que lo componen perpetren un delito de prevaricación. El Tribunal Constitucional no es que pueda juzgar normas aprobadas por refrendo popular, es que desde la eliminación del recurso previo de inconstitucionalidad, los únicos estatutos cuya constitucionalidad puede juzgar son precisamente aquellos que han sido aprobados por mayoría en refrendo popular. Y esto es así por la sencilla razón de que si no cuentan con ese apoyo no llegarían a ser aprobados y, por tanto ya no sería necesario que el Tribunal se pronunciara sobre ellos.

En lugar de dedicarse a lanzar estas proclamas, Mas podría presentar una iniciativa parlamentaria para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad , desactivado mediante la Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio, si tanto le molesta que el Constitucional resuelva sobre una norma ya aprobada. Recordar que este recurso fue introducido en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, reguladora del Tribunal Constitucional, con la posibilidad de recurrir estatutos de autonomía y leyes orgánicas de manera que se paralizara su entrada en vigor hasta que los magistrados dieran su dictamen. Aquel era un mecanismo adecuado para evitar abusos de poder y asegurarse un veredicto del Constitucional ante leyes de especial relevancia, antes de su aprobación y entrada en vigor. Pero aquí, como en otras cosas, con el PSOE topamos. Dos años después de la arrolladora mayoría absoluta de 1982 (202 diputados), los socialistas se encontraron con una incómoda traba que les ocasionaba continuos retrasos en sus proyectos de ingeniería social y en sus leyes estrella. Es lo que ocurrió con la despenalización del aborto en los tres supuestos que contemplaba la Ley, antes de su conversión en "derecho" por parte del tándem Zapatero-Aído, aprobada por el Congreso en 1983, ante la cual, Alianza Popular respondió con un recurso previo de inconstitucionalidad que paralizó su implantación durante dos años. La norma no se aprobaría definitivamente hasta junio de 1985, después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el proyecto original y se incorporaran algunos cambios. El PSOE llevó al Congreso, en octubre de 1984, la derogación del recurso, haciéndose realidad esta modificación en la mencionada Ley Orgánica 4/1985, en cuyo Preámbulo se dice que: "La experiencia acumulada por más de tres años de justicia constitucional ha venido a mostrar que este recurso previo se ha configurado como un factor distorsionador de la pureza del sistema de relación de los poderes constitucionales del Estado, con consecuencias inesperadas y metaconstitucionales en la ultima fase de procedimiento de formación de la ley". Pese al enconado debate que mantuvo la oposición frente al Gobierno del PSOE, allá por 1984, el PP no percibió, cuando gobernó con mayoría absoluta, la trascendencia futura que podía haber tenido en el futuro este recurso para una verdadera regeneración democrática, pudiendo haberlo repuesto mediante Ley Orgánica. Hoy vemos como la Constitución prácticamente se deja en papel mojado mediante la aprobación de Estatutos de Autonomía de dudosa conformidad con la misma, mediante la mayoría simple del Congreso, con el PP oponiéndose con grandes dificultades o, incluso, colaborando en el proceso, como en el caso de Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana.

Pero, esta cuestión aparte, lo de Artur Mas sí que es una rebelión en toda regla, no la "rebelión" cívica mediante recogida de firmas planteada por Esperanza Aguirre frente a la subida del IVA y que tanto preocupa al PSOE.
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