Que trabajador y empresario acuerden ambos libremente una jornada laboral de hasta un máximo de 65 horas semanales no es lícito, como dejó sentado el Parlamento Europeo en diciembre de 2008, pese a la aprobación de todos los ministros de Trabajo salvo (cómo no) el de España. Es cierto que no sólo fue el grupo socialista sino que a ello se sumó con entusiasmo el popular. Tal para cual: si yo quiero trabajar no 65, sino 70 u 80 horas semanales, ganar un alto sueldo por esas horas y cotizar más ¿Quién es un burócrata planificador para ponerle vallas al campo y no permitirmelo? En un contrato dos partes deciden y nadie puede ponerle restricciones a una de esas dos partes sobre lo que quiere ofrecer a la otra. Y es un craso error pensar que la empresa entonces obligaría al trabajador puesto que el mercado de trabajo se rige, como todos por la oferta y la demanda. Ninguna empresa puede obligar a un trabajador a nada.
Pero, dejando aparte estas consideraciones, en cambio, obligarte a trabajar hasta los 67 años sí que es lícito. Y reducir la prestación que vas a percibir después de tu jubilación, derecho que te has ganado por las cantidades que, en forma de cotización a la Seguridad Social, han detraido de tu salario para que el Estado pueda pagar las pensiones actuales, es igualmente lícito. Con estos "defensores del trabajador" no hacen falta enemigos.
En ello consiste, básicamente, lo aprobado este viernes en el Consejo de Ministros del gobierno progre que padecemos. En primer lugar, se trata de retrasar la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años de forma progresiva a partir de 2013 hasta el año 2025. En segundo, según el texto aprobado, que "el cálculo de la pensión debe realizarse sobre los periodos de cotización real, sin que el procedimiento pueda añadir o restar sin justificación periodos o bases de cálculo". Más claramente, que el cálculo de la pensión a percibir se realice sobre toda la vida laboral, en lugar de los actuales 15 años, lo que, según los expertos, podría reducir la prestación hasta en un 30% de media. Por si no fuera suficiente con la brutal subida fiscal provocada por el fin de la deducción de los 400 euros.
¿Recuerdan la demagogia que, recurrentemente, lanzaba en su día Felipe González y, más recientemente, Zapatero sobre la intención del PP de rebajar las pensiones? Antes de las últimas Elecciones Europeas, por ejemplo, mediante una carta firmada por el candidato socialista Juan Fernando López Aguilar y el propio Zapatero.
La ineptitud y mendacidad del Gobierno de Zapatero es clara como el agua pero también es cierto que nunca hemos llegado a ser totalmente conscientes de esta falacia que supone el llamado "Estado del Bienestar": el robo y el latrocinio legalizado de una parte de los frutos de nuestro trabajo para que el Estado le dé el fin que le venga en gana y para que, después de jubilarnos, nos arroje las migajas y las sobras de lo que, previamente, nos ha sisado. El Estado debería garantizar, en virtud de su obligación de salvaguarda de la vida y la libertad de los ciudadanos, unas prestaciones mínimas para situaciones de necesidad pero el sistema de Estado del Bienestar, aparte de ruinoso, es una auténtica y soberana mentira. Es la forma en que el planificador estatal decide cómo nos va a devolver una pequeña parte del gran todo que nos expolia.
El Gobierno roba a los pensionistas
Pablo Molina
Libertad Digital
El sistema público de pensiones es un latrocinio oficial que justifica sobradamente la necesidad de destruir el llamado Estado del bienestar. La culpa la tienen, en primer lugar, los beneficiarios del sistema, que a estas alturas siguen siendo incapaces de exigir a los políticos el derecho a manejar sus propias finanzas para utilizar el dinero aportado durante su vida laboral en la forma que estimen oportuno una vez alcanzada la edad de jubilación.
No se dan cuenta de que el Estado les roba y que, cuando ya no son útiles para la actividad productiva, les sigue manipulando con abundantes dosis de demagogia en función de los cálculos electorales del partido en el poder.
El Gobierno no concede ninguna pensión. Por el contrario, lo que hace es robar la mayor parte de lo acumulado por el beneficiario a lo largo de su vida para dejarle unas migajas que, encima, raciona a su antojo decidiendo a qué edad puede o no dejar de trabajar y cuánto debe percibir hasta su muerte.
Sólo hay que hacer unos cálculos sencillos para percibir las dimensiones del desfalco. Considerando una pequeña aportación mensual de 80 euros a la Seguridad Social, una persona que haya trabajado toda su vida, por modesto que haya sido su empleo, ha acumulado a los sesenta y cinco años del orden de cuatrocientos mil euros (a un interés compuesto del 5%, descontada la inflación, que es también una tasa más que razonable en una inversión a largo plazo). Ese capital acumulado le permitiría cobrar una pensión de mil quinientos euros hasta los noventa años, y eso en caso de que no quisiera rescatar el total del dinero ahorrado. Pues bien, la inmensa mayoría de los trabajadores jubilados perciben menos de la mitad de ese dinero y, además, tienen que vivir con la zozobra constante de no saber qué van a cobrar al año siguiente o si va a haber dinero suficiente en la caja del Estado para pagarles esa miseria.
El llamado Estado del bienestar es una estafa monumental y el sistema público de pensiones el mecanismo más injusto e insolidario que jamás ha concebido el ser humano. Por eso hay que criticar a Corbacho y enviar a este Gobierno al lugar que recomendó en su día el secretario general de la UGT madrileña, pero sin olvidar que el verdadero enemigo de los jubilados es el actual sistema de previsión social. Y si preferimos seguir concediendo a los políticos el poder de decidir sobre nuestra ancianidad, entonces no nos quejemos. A trabajar hasta los ochenta años para el Gobierno y punto en boca.
Pablo Molina es miembro del Instituto Juan de Mariana.
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