¿Liberalismo o "ley de la selva"?

Una cosa ha de quedar clara: el liberalismo no es anarquismo, no persigue la abolición del Estado, como pretenden algunos de nuestros queridos amigos intervencionistas de derechas o de izquierdas. Todo lo contrario, el liberalismo defiende como principio irrenunciable la libertad y la responsabilidad individual, la cual es imposible si no existe un respeto sagrado a la propiedad privada. En una sociedad anarquista, ambos, libertad y propiedad, junto con la vida, el otro derecho inherente a la persona, estarían amenazados constantemente por la actuación de otros miembros de la sociedad, quienes no encontrarían obstáculo alguno para violarlas. Es lógica, pues, la necesidad de un Estado que ejerza la protección de la vida, la libertad y la propiedad privada a través de un sistema legal que los garantice y del monopolio legítimo de la fuerza, que tenga la capacidad suficiente para articular los medios para que las libertades se ejerzan sin abusar de las de terceros. El individuo debe poder actuar siempre hasta donde la ley le permita. En este sentido, el Estado no sólo debe existir, sin que, por sistema, haya que demonizarlo, sino que, es más debe ser fuerte, tener el vigor suficiente para evitar que algunos individuos sobrepasen los límites de su libertad individual atacando la propia libertad de otros, así como su vida y su propiedad privada.

Igualmente, debe garantizar unas prestaciones mínimas (educación, sanidad, etc.), sin las cuales, igualmente, el Estado estaría fallando en su obligación de defender la vida y la libertad en el caso de aquellos individuos que no tuvieran la capacidad económica para acceder a la oferta que el mercado realice de esos servicios. Por más que la libre competencia entre entidades privadas que ofrezcan estos servicios los haga asequibles para la mayoría de la población (el Estado, es más, no sólo no debe poner trabas al libre mercado, sino que, además, debe favorecerlo, eliminando las que existan), siempre existirán miembros de la misma que no podrán acceder a los mismos, viendo mermada su libertad al no poder cubrir algunas necesidades esenciales.

Lo cual no implica, obviamente, defender una hipertrófia estatal, una tentación que siempre irá unida al poder. Para evitar que el Estado emplee la excusa de la protección y la seguridad de sus ciudadanos para expandirse hasta el último rincón de su vida es necesario marcarle unos líneas que no deben traspasarse. El gobierno debe ser fuerte, es cierto. Fuerte pero pequeño, limitado por una Constitución que reconozca los derechos que pertenecen a la persona por el mero hecho de serlo, sus derechos innatos, y que establezca un principio de legalidad y una división entre los poderes del Estado, de tal forma que cada uno actúe como contrapeso de los otros. Las personas, al igual que necesitan un Estado que evite los abusos de otros contra sus libertades, deben estar protegidas, tener una serie de mecanismos de defensa a su disposición, cuando quien pretenda cometer los abusos sea el propio Estado, quien, al contrario que los individuos, sólo podrá actuar donde la ley se lo permita.

No es, por tanto, la anarquía, la abolición de todo gobierno o autoridad (el famoso "ni dios ni amo"), ya sea inmediata o como fin último tras una fase de dictadura del proletariado, como postula el marxismo, ni mucho menos la "ley de la selva", o la "ley del más fuerte", en el sentido de que el más poderoso se exceda arbitrariamente de su propio ámbito de libertad personal, atentando contra la vida, la libertad o la propiedad de otros, sin que el Estado, como titular del monopolio legítimo de la fuerza, intervenga en su defensa, la idea del liberalismo.
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Liberalismo clásico y la "ley de la selva"
Por Carlos Federico Smith
Suplemento Ideas de Libertad Digital
El Cato
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